El Ministro de Interior dice que los migrantes del Aquarius recibirán «el mismo trato que los que vienen en pateras»
Mientras el Aquarius está a punto de llegar a costas españolas, se venía debatiendo la cuestión de qué trato se les daría a los 629 migrantes cuando desembarquen en suelo español.
Una de las opciones más comentadas fue la intención del Gobierno de conceder a cada uno de ellos la condición de refugiados teniendo en cuenta la situación de «emergencia y excepcionalidad». Así lo había manifestado la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra.
Ahora, el nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado en Onda Cero que los migrantes recibirían «el mismo trato que los que vienen en pateras». El ministro, en su primera entrevista desde que tomó la posesión del cargo, ha declarado que el acogimiento de los 629 migrantes del Aquarius ha sido una «respuesta ética» fundada en la situación de urgencia, pero que una vez alcanzado suelo español se les aplicará el mismo procedimiento que para el resto de inmigrantes, concediendo el asilo o expulsando de acuerdo a la legislación vigente.
Ha asegurado que podrían obtener una autorización de residencia por circunstancias excepcionales, o bien, el asilo si cumplen con los requisitos para cada una de ellas, atendiendo a cada caso en concreto. Y se iniciaría un procedimiento de expulsión en caso de no cumplir las exigencias de ninguno de estos procesos. No obstante, Marlaska ha descartado la posibilidad de ingreso de alguno de los inmigrantes al CIE, como ocurre con los que llegan en patera.
Para conocer un poco el procedimiento:
Para llegar a tener la tarjeta roja que acredita esta condición, los solicitantes deben demostrar que provienen de un país en conflicto o cuando existen «fundados temores» de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o político o por causas de género u orientación sexual.
Una vez presentada la petición, las Oficinas de Asilo y Refugio tienen un mes para pronunciarse sobre su admisión a trámite; cada expediente debe pasar por la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio -compuesta por cinco ministerios- antes de que Interior tome la decisión definitiva.
Si la decisión es favorable se abren tres vías de protección internacional:
-Concesión de asilo (autorización permanente)
-Protección subsidiaria (autorización revisable cada cinco años)
-Autorización de residencia por razones humanitarias.
(En este último supuesto, que no se puede prolongarse más de doce meses antes de revisarlo, entrarían casos de personas enfermas que no pueden acceder al tratamiento en su país, por ejemplo).
En el caso de ser denegada la petición, se abriría un plazo para recurrir ante la Audiencia Nacional. El extranjero pasaría a estar en situación irregular con un plazo de 15 días para abandonar el país.
Durante todo este proceso (desde la presentación de la petición hasta la obtención de una resolución) el inmigrante no puede cruzar la frontera española, tiene derecho a asistencia jurídica gratuita e intérprete y están autorizados a trabajar una vez transcurridos los seis meses desde que se admite a trámite. Además, pueden beneficiarse de servicios sociales, educativos y sanitarios.
Con la protección internacional ya reconocida, no podrán ser devueltos a su país, tendrán autorización de residencia y trabajo, obtendrán un documento de identidad y de viaje, podrán acceder al reagrupamiento familiar directo y acceso a servicios públicos de empleo, vivienda, programas de atención a víctimas de violencia de género o de integración, entre otros.
En 2017, nuestro país concedió 595 estatutos de refugiado, 4.080 reconocimientos de protección subsidiaria y ninguna por razones humanitarias; estos procesos no deberían durar más de seis meses, aunque lo cierto es que nuestro país acumula más de 40.000 expedientes por resolver.
Información obtenida de «El Mundo» y «El País»
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