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La decisión del Tribunal Constitucional de permitir la atención a inmigrantes sin papeles en el País Vasco podría hacer que se tomen las mismas medidas en otras Comunidades Autónomas
Sin hacer caso a la reforma sanitaria implantada por el Gobierno de Mariano Rajoy, el País Vasco seguía prestando asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular.
Ante esto, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado y, aunque como una medida cautelar, permite que siga ofreciéndose este servicio amparándose en la posible existencia de un peligro de salud pública y no discriminación.
Por el momento es una medida cautelar ya que quede pendiente de resolverse el conflicto de competencias entre el Gobierno Vasco y el Gobierno Estatal.
Sin embargo, esta decisión ha provocado que diversos colectivos se pronuncien sobre esta medida. En concreto, Facua-Consumidores en Acción ya ha señalado que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional podría abrir las puertas a otras comunidades autónomas para seguir prestando asistencia sanitaria.
Según la asociación, el auto del TC permite que otras comunidades autónomas «puedan hacer frente a los recortes» del Gobierno, no sólo en materia de sanidad, «sino también en derechos como el de la educación». Además, añade el colectivo, que el Gobierno se ha quedado «sin excusas» para retirar las prestaciones sanitarias a los inmigrantes en situación irregular que viven en España.
Facua ya puso en marcha en el mes de marzo una campaña para promover un recurso de inconstitucionalidad de la reforma sanitaria basándose en que «negar la sanidad a los inmigrantes sin legalizar representa un paso más en el rompimiento del modelo universal de prestación del servicio sanitario que supone discrimminar en el exceso a un derecho humano y es el principio de un modelo sanitario exluyente e injusto».
