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Mediante Instrucciones internas, la Comunidad de Madrid ha indicado a los centros sanitarios que se atenderá a inmigrantes irregulares pero se les pasará factura
El próximo día 1 de septiembre se empezará a aplicar las nuevas medidas en materia sanitaria, por las cuales los inmigrantes en situación irregular dejarán de tener acceso al sistema de protección sanitaria pública, salvo en los casos de menores de edad, embarazadas, víctimas de trata y asilados, lo que según la Consejería de Sanidad madrileña denominan «asistencia sanitaria en situaciones especiales».
Sin embargo, y tal y como publica hoy El País, hay una sexta excepción a la norma, y es el supuestos de «salud pública». Se trata principalmente de enfermedades infecciosas y de declaración obligatoria como son la hepatitis, la legionelosis, la tuberculosis, el VIH…, y donde además se incluyen las patologías de salud mental como la esquizofrenia y el transtorno bipolar, entre otras. Y a diferencia de las otras excepciones, los inmigrantes que padezcan alguna de estas enfermedades o similares, serán atendidos pero tendrán que pagar por su asistencia sanitaria, según las «Instrucciones sobre la asistencia sanitaria a prestar por el Servicio Madrileño de Salud a todas aquellas personas que no tengan la condición de asegurada o beneficiaria, que llegó este martes a las consultas de primaria».
Mediante estas instrucciones se asegura la asistencia sanitaria a quienes padezcan estas patologías pero «conllevará facturación al usuario» salvo que se haya suscrito un «convenio especial» o «cuando se estime que el proceso evolutivo de la patología vaya a ser inferior a un año». En lo que respecta a ese «convenio especial», es la especie de póliza que el Gobierno quiere hacer pagar a los extranjeros no asegurados ni beneficiarios que asciende a 710 euros anuales para que sean atendidos en los centros sanitarios públicos y que, a tres días de entrar en vigor esta normativa, aún no se conoce con exactitud en qué va a consistir dicho seguro.
Además, la Consejería de Sanidad asegura que se pasará factura, cuando pueda, a los países de origen de los inmigrantes, es decir, a aquellos países con los que exista algún convenio bilateral, que no son más que Andorra, Brasil, Chile, Marruecos, Perú y Túnez. Además, estos convenios cubren a ciudadanos asegurados, no a inmigrantes en situación irregular. «Por lo que estamos viendo, se va a facturar, pero no se va a cobrar», sugiera la presidenta de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (Somamfyc), María Fernández.
Estas instrucciones aseguran también que todos aquellos tratamientos que se hayan iniciado antes del 31 de agosto se seguirán atendiendo de manera gratuita.
«¿Qué ocurre si estoy tratando a un paciente con diabetes y luego se le diagnostica un cáncer? ¿Se le factura el cáncer? Yo tengo pacientes, no patologías», argumenta Fernández. Además, hay más incongruencias en esta norma: «Podremos pedir pruebas y hacer derivaciones, pero como estos pacientes no tienen condición de asegurados no podremos hacerles recetas. Tendrán que ir a la farmacia hospitalaria a recoger los fármacos, y eso dificulta la accesibilidad al tratamiento», explica. El documento prevé incluir a los no asegurados en el sistema informático Cibeles, en tipos específicos: «transeúnte sin permiso de residencia», «embarazada sin permiso de residencia»…, que permitirán consultar sus historias clínicas pese a carecer de tarjeta sanitaria.
“Estas instrucciones son un parche a lo que ha hecho el Ministerio y dejan más preguntas de las que resuelven. ¿Qué van a hacer el resto de comunidades? Debería ser igual para toda España”, asegura el portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid critica especialmente el tratamiento de los casos de “salud pública”. “Se refiere a un grupo de enfermedades infectocontagiosas que han de ser previamente diagnosticadas. ¿Dónde? Parece ser que en las urgencias, puesto que este es el único circuito asistencial al que pueden acceder. A los problemas de saturación se sumará la presencia de personas con enfermedades infectocontagiosas en los servicios de urgencias”, argumenta en un comunicado.
Vía El País
