La Plataforma «Yo sí Sanidad Universal» ha presentado una carta exigiendo la derogación del Real Decreto-Ley 16/2012
El pasado miércoles 24 de abril se cumplió un año de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, BOE, del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
Este Real Decreto-Ley, entre otras medidas, establecía que la limitación y exclusión del Sistema Nacional de Salud de inmigrantes en situación irregular en España.
Con motivo de este aniversario, la plataforma ciudadana «Yo Sí Sanidad Universal», formada por usuarios y profesionales del sistema sanitario que promueve la desobediencia civil contra este real decreto-ley, entregó en el Ministerio de Sanidad una carta dirigida a la ministra Ana Mato, exigiendo la derogación de esta medida.
Tras entregar el documento, la plataforma se concentró ante el ministerio y desplegaron dos pancartas: una con el lema «Un año sin sanidad universal, Derogación del RDL 16/2012», y otra con el nombre de la organización.
Minutos antes, según recoge Forome.info, los representes de la plataforma, gracias a una autorización para asistir a la sesión de Control del Gobierno, se dispusieron a entrar en el emiciclo. Sin embargo, en el momento de ser cacheados, se les retiró una pancarta que una de las activistas llevaba puesta a modo de fular, por lo que no pudieron llevaran a cabo su protesta, tal y como explicaron a la agencia Europa Press.
En la misiva dirigida a la ministra, la plataforma subraya que, tras un año de su publicación, «son tantas las razones que avalan la inutilidad, la inmoralidad y la injusticia» del decreto «que la única solución posible es la rectificación, y la consiguiente derogación del mismo», ya que esta medida supone «un cambio del modelo sanitario» que «elimina la protección de la atención universal, vinculando el derecho a la asistencia sanitaria al aseguramiento» y además no «sostiene», «mejora», ni da «seguridad» a las prestaciones.
«Resulta tremendamente injusto supeditar el derecho a la salud, cuya atención se financia a través de los impuestos, con el hecho de estar o no asegurado, circunstancia ésta vinculada a otras prestaciones sociales que en nada tienen que ver con la asistencia sanitaria», denuncian en la carta.
