Inmigración y Estado del Bienestar en España. Estudio de Obra Social "la Caixa"

Declaraciones de Javier Moreno Fuentes sobre el Estudio de Obra Social “la Caixa” sobre Inmigración y Estado del Bienestar en España

Francisco Javier Moreno Fuentes, científico titular del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid.

Estudio Social n.31. Inmigración y Estado del Bienestar en España. Obra Social “la Caixa”

• El 12,17% de la población de España, más de 5,7 millones de personas, es inmigrante. Nuestro país se ha convertido en el segundo Estado miembro de la Unión Europea por número de residentes extranjeros.

• Menos del 1% de los perceptores de pensiones son extranjeros (de ellos, más de la mitad son europeos). A la vez, la alta tasa de actividad de los inmigrantes ha contribuido a retrasar en cinco años la entrada en déficit del sistema de pensiones (de 2023 a 2028) y ha frenado el envejecimiento poblacional.

• Los inmigrantes consultan un 7% menos al médico de cabecera y un 16,5% menos al especialista, aunque recurren un 3,2% más a los servicios de urgencias. Actualmente constituyen poco más del 5% del gasto sanitario total.

• La crisis ha castigado duramente a los colectivos de origen inmigrante, que en la actualidad sufren tasas de desempleo superiores al 30%.

• Casi el 30% de los inmigrantes en España son pobres frente al 18% de autóctonos que se encuentran en esa situación (con un umbral del 60% de la mediana de la renta). Un 6,8% de las intervenciones de los servicios sociales se dirigen a población inmigrante.

• El 9,6% de los alumnos de educación obligatoria son inmigrantes. Su tasa de abandono prematuro es 2,1 veces superior a la de los alumnos autóctonos.

• El 50% del superávit de las finanzas públicas (unos 5.000 millones de euros anuales) en los años de mayor crecimiento, de 2002 a 2006, correspondió a impuestos y contribuciones sociales aportados por la inmigración.

• El inmigrante es percibido de manera creciente como un competidor en el acceso a prestaciones o servicios públicos y, según las últimas encuestas, más de la mitad de los españoles considera que reciben más apoyos que los ciudadanos autóctonos.

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