El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado un documento de propuestas de enmiendas del sector social de la discapacidad para su inclusión en el proyecto de Ley de Extranjería, con el objetivo de articular una nueva política a favor de la igualdad.
En este sentido, el CERMI propone, en primer lugar, cambiar la denominación «discapacitado» por «persona con discapacidad», en consonancia con el cambio efectuado por la disposición adicional de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que obliga a usar siempre el término «persona con discapacidad».
También, con el objetivo de hacer constar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, el CERMI afirma que este derecho alcanza a todas las personas y no sólo aquéllas que tengan la nacionalidad española, por lo que propone «garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad».
Por otra parte, el CERMI pide revisar la regulación legal del artículo 14 de la Ley de Extranjería sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que responde a razones políticas sobre el tratamiento que se debe dar a nacionales españoles, extranjeros autorizados para residir en el país, y extranjeros no autorizados, en relación a las prestaciones sociales.
Las prestaciones y servicios que no son básicos sino especializados para las personas con discapacidad, a los que se accede una vez reconocido oficialmente el grado de discapacidad por el organismo competente, no pueden ser disfrutados por los extranjeros que viven en nuestro país en situación irregular.
En este sentido, el CERMI destaca que «lo que puede estar justificado en el caso de los mayores de edad, no lo está cuando hablamos de menores con alguna discapacidad».
Los menores extranjeros que se encuentran en situación irregular en España tienen derecho, al igual que los mayores de edad, a disfrutar de los servicios y prestaciones sociales básicos, pero no así con las restantes prestaciones o servicios sociales. Únicamente, los extranjeros que cuentan con dicha autorización tienen derecho a estas últimas en las mismas condiciones que los españoles.
El CERMI considera también incluir en el proyecto de Ley de Extranjería nuevas disposiciones adicionales, de nueva creación, para garantizar la transversalidad de las políticas a favor de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.
Esta propuesta parte de la necesidad de que se garantice a los inmigrantes con discapacidad la no discriminación en relación a los inmigrantes que no tienen una discapacidad. «Aunque la Ley no contiene cláusulas discriminatorias directas, deben ponerse los medios para garantizar la no existencia de discriminaciones indirectas», afirma el CERMI en el documento dirigido a los grupos parlamentarios.
Los extranjeros no residentes están excluidos de la posibilidad de acceder a la declaración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad, lo que «origina dificultades enormes para la inclusión social de estas personas, al no poder acceder al sistema de dispositivos, servicios y recursos establecidos a este fin».
«Parece razonable abrir esta posibilidad a aquellos extranjeros no residentes que acrediten fehacientemente que la situación de discapacidad ha sido sobrevenida, es decir, adquirida durante su permanencia en España», destaca el CERMI.
El CERMI es la plataforma de representación y encuentro de las personas con discapacidad que aglutina a casi 5.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los cerca de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.
Quisiera tramitar la ciudadanía española, tengo documentación de mis abuelos paternos. Soy madre de cuatro hijos, uno de ellos posee discapacidad severa. Desearía recibir información y ayuda. Gracias!