El informe “Impactos de la crisis sobre la población inmigrante en España” pone de manifiesto que el desempleo y la pobreza se han incrementado más rápidamente entre la población inmigrante.
En 2010 más de la mitad de los asalariados extranjeros no llegaron a ingresar una cantidad equivalente al Salario Mínimo Interprofesional en cómputo anual.
La crisis aumenta las posiciones defensivas o de rechazo hacia la inmigración: el porcentaje de quienes están de acuerdo con la expulsión del país de los inmigrantes en situación irregular pasa del 12 al 20 en cuatro años.
Es necesario poner énfasis en los derechos de ciudadanías de esta franja de población, decidida a permanecer en el país, para evitar riesgos de fractura social.
