fuente: lne.es
La fiscalía asturiana se opuso el año pasado a la celebración de 28 bodas «mixtas» en Asturias entre españoles y extranjeros– «por considerar que existían datos suficientes acreditativos de que se trataba de matrimonios fraudulentos». En total, el ministerio fiscal intervino en 270 expedientes previos a la celebración de este tipo de matrimonios. Además, interpuso cuatro demandas de nulidad, contra uniones ya consumadas, al entender que no habían sido «reales», sino que todo se había reducido a un contrato para la tramitación de la documentación. En una de ellas, los «novios» fueron absueltos. Las otras tres están aún en trámite.
Esta situación, según la fiscal Adoración Peñín, ha puesto de manifiesto la «urgente necesidad de que definitivamente se modernice e informatice el Registro Civil, con el fin de poder detectar posibles situaciones de personas dedicadas a favorecer la inmigración ilegal».
En este contexto, la fiscal destaca en la última memoria del área de Extranjería de la Fiscalía una operación policial desarrollada en Oviedo y que actualmente depende del Juzgado de instrucción número tres de la capital. En ella se desmanteló una organización encargada de organizar matrimonios entre españoles y extranjeros, sobre todo sudafricanos, con el fin de que estos últimos consiguieran la documentación necesaria para residir legalmente en España, a cambio de pagar cantidades que podían llegar a los 10.000 euros. Parte de ese dinero lo recibía el «contrayente» español, por prestarse al fraude.
