Inmigrantes sin asistencia sanitaria

Héctor Anabitarte Rivas nos ha enviado la siguiente carta que pensamos de gran interés en publicar.

El Gobierno de Rajoy ha decidido que en septiembre medio millón de personas, inmigrantes que sí tienen papeles pero no todos los que se les exige, no podrán ser atendidos por los médicos de cabecera ni por los especialistas. Estos inmigrantes no son accionistas de Bankia, no merecen que se les proteja. La diferencia en tener o no tarjeta sanitaria es la diferencia entre la vida y la muerte. Se aprovecha la crisis para condenar a muerte a los más desamparados. Esta política ajena a la llamada caridad cristiana ya se está aplicando en el ámbito de la Comunidad de Madrid (como es habitual Esperanza Aguirre a la vanguardia). Tres comunidades autónomas se ha rebelado ante tanta injusticia: País Vasco, Andalucía y Catalunya, y no sólo porque consideran que el derecho a la salud es un derecho universal, básico. Hay otros motivos: las urgencias se saturarán, se recurrirá a la automedicación y a “tratamientos” tan milagrosos como ineficaces. En el caso de las personas infectadas por el VIH ya se ha comprobado que si desde el comienzo de la infección reciben los fármacos adecuados no desarrollan la enfermedad y por otra parte no pueden transmitirla.
La Alianza de Plataformas de ONG del VIH, algunas de ellas con una experiencia de más de 30 años, han rechazado los planes del Gobierno que contemplan que ellas se hagan cargo de los afectados: ¿con qué dinero? ¿y si recibieran el que corresponde? ¿por qué no se sigue prestando la atención en los hospitales? La propuesta de la Administración, resumiendo, es una tomadura de pelo. Más de un médico se negará a abandonar a sus pacientes, en algunos casos personas a las que están tratando desde hace años. Sería legítimo que se negaran a no interrumpir los tratamientos: saben que los están condenando a muerte. Cuando el nazismo en Europa no pocos sanitarios atendían clandestinadamente a los judíos. La pena de muerte está prohibida en el territorio de la Unión Europea, ahora en España estará otra vez en vigencia. En nombre de la crisis todo vale, el fin justifica los medios.
Héctor Anabitarte Rivas

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