El pasado 5 de diciembre de 2008, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley reguladora del derecho de asilo y de la condición de la protección subsidiaria (personas que no son reconocidas como refugiadas pero que están necesitadas de protección internacional por otros motivos). Este proyecto, a pesar de presentar de forma más ordenada la normativa española e introducir significativos avances en la regulación de la protección subsidiaria, supone un retroceso importante en varios aspectos claves del procedimiento.
Por ello, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, ha convocado movilizaciones para este viernes y el sábado con el fin de exigir al Parlamento una ley que garantice el derecho de asilo. Durante estas dos jornadas se desarrollarán en Madrid y Bilbao talleres, seminarios, actividades lúdicas y conciertos en favor del asilo.
A su vez, han lanzado públicamente un manifiesto por la defensa del derecho de asilo porque, según la Comisión «nuestra memoria histórica como país de refugiados y nuestro compromiso con los derechos humanos nos obliga a un mayor compromiso y coherencia. Con la conciencia y la movilización social, CEAR manifiesta su compromiso de continuar trabajando con los grupos parlamentarios, las organizaciones sociales y el gobierno para mejorar el proyecto de ley que además presagia una reforma negativa de la próxima ley de extranjería«.
Y es que el derecho de asilo está en crisis en todo el mundo. Cada vez es más difícil poder siquiera acceder al procedimiento, por lo que es fundamental reforzar las garantías para evitar que los gobiernos sacrifiquen esta institución en beneficio de la eficacia en la lucha contra la inmigración clandestina. Sin embargo, el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros elimina el asilo por vía diplomática, relativiza indebidamente el papel del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), debilita el derecho a la asistencia letrada, refuerza los conceptos de país de origen y de tránsito seguros, excluye la posibilidad de solicitudes provenientes de países de la Unión Europea (lo que viola de forma directa la Convención de Ginebra de 1951) y avanza en un entramado de procedimientos de inadmisión o abreviados que, en vez de reforzar el estudio individual de los casos, aumenta el margen de maniobra de la Administración para descartar solicitudes de asilo sin una valoración suficiente y justa.
No obstante, desde CEAR reconocen los avances introducidos por el Ministerio del Interior en el proyecto de modificación de la ley de asilo, aprobado posteriormente por el Consejo de Ministros, en especial el compromiso de abrir un cupo anual de reasentamiento de refugiados y el tratamiento de la dimensión de género. Sin embargo, consideran que el texto «debería haber sido sometido a una reflexión más serena y tendría que haberse debatido, con todos los actores sociales y sectores implicados, en profundidad. La Administración ha incumplido los plazos para la transposición de las disposiciones de la Unión Europea relativas a la construcción de una política común de asilo, por lo que no hay justificación alguna para precipitar la aprobación de una ley tan significativa en la protección de los derechos humanos».
MANIFIESTO EN DEFENSA DEL DERECHO DE ASILO
PROPUESTAS CEAR LEY DE ASILO 19-01-2009
