Josep Maria Vila d’Abadal, alcalde de Vic, se ha quedado solo. Esta vez ni sus socios en el ayuntamiento, PSC y ERC -que le apoyaron públicamente el pasado viernes-, le secundan en la reedición del desafío de Vic a los inmigrantes en situación irregular. Ni la Generalitat, ni el Gobierno, ni la asociación que agrupa a los municipios de CiU, ni la Agència Catalana de Protecció de Dades ni, por supuesto, las entidades de apoyo a los inmigrantes avalan las tesis de Vila d’Abadal. Pese a ello, el alcalde insistió el pasado martes en que comunicará a la Delegación del Gobierno los datos de los vecinos que se empadronen y «presenten dudas sobre su situación de residencia».
Esta medida está resquebrajando la aparente unidad del equipo de gobierno local. La presión externa de las cúpulas de los partidos, metidos de lleno ya en campaña electoral, ha dado pie a una situación un tanto rocambolesca. Por un lado, la versión oficial, amparada en un primer momento por los tres partidos, asegura que ya se ha empezado a aplicar la delación. Por otro, los líderes socialista y republicano de Vic, nadando entre dos aguas, se han desmarcado en varias ocasiones de esta posición y aseguran que «todo continúa igual» que antes.
Siguiendo la line de Joan López, concejal de Acción Social por ERC, quien aseguró el sábado que no se denunciará a ningún inmigrante y que se seguirá empadronando de la misma manera, el concejal del PSC Josep Burgaya calificó la posición de Vila d’Abadal de electoralista. «El empadronamiento se sigue haciendo como la semana pasada. No se puede comunicar nada a administraciones que no pretenden que se les comunique», alegó.
Pese al rechazo de sus socios de gobierno, a última hora de la tarde del lunes la alcaldía recordó que la postura del Ayuntamiento sigue siendo la misma que anunció el viernes. El consistorio considera la decisión una norma administrativa, por lo que no es necesario que sea refrendada en el pleno municipal. Un pleno en el que CiU difícilmente cosecharía apoyos más allá de la xenófoba Plataforma per Catalunya.
Por otro lado, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció que los servicios jurídicos del Estado estudian el caso para elaborar «un informe fundamentado» contra las tesis del alcalde. El conseller y el martes portavoz del Govern Joaquim Nadal también discrepó del plan porque puede dejar al ayuntamiento de la capital de Osona fuera de la ley. La cuestión fue debatida en la reunión del Govern del martes y tras ella Nadal acusó a CiU de entrar en «terrenos demagógicos» en materia de inmigración.
Los alcaldes de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), que aglutina fundamentalmente a ediles de partidos de izquierda, evitaron censurar a Vic, pero exigieron a los partidos responsabilidad para no usar el fenómeno migratorio con fines electoralistas. La FMC pidió de nuevo al Govern y al Ejecutivo central que aclaren los criterios sobre el empadronamiento, algo que horas antes tripartito y Gobierno habían hecho.
Fuente: El Periodico
