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Fred Ehiosu, presidente de la Asociación de Nigerianos de Catalunya, sonreía exultante. «Se trata de un día histórico para todos, en especial para los inmigrantes. Llevo dos años pidiendo la nacionalidad y espero que la nueva ley me ayude a acelerar el proceso». Javier Bonomi, presidente de Fedelatina, la federación de entidades latinoamericanas de Catalunya, también expresaba su satisfacción porque la nueva ley «sitúa a los inmigrantes y a las asociaciones como actores activos» del proceso de integración. Bonomi mostraba su deseo de que el clima de entendimiento de ayer en el Parlament se extienda más allá de la norma aprobada ayer y evite la utilización partidista del fenómeno migratorio.
Ehiosu y Bonomi fueron dos de los numerosos representantes de colectivos de inmigrantes que aplaudieron ayer en la Cámara catalana la aprobación de la ley de acogida. Una norma que institucionaliza y garantiza un proceso, la acogida, ya existente en la mayoría de municipios catalanes. La ley, dotada con 300 millones de euros para los próximos seis años, estimula a los inmigrantes a asistir a cursos de catalán, de conocimiento de la sociedad catalana y de formación laboral, con el incentivo de que los títulos que obtengan por seguir estas sesiones les facilitarán la consecución de documentos como la autorización por arraigo, la renovación del permiso de residencia y, a la larga, como desea Ehiosu, la nacionalidad.
El debate político, seguido por las asociaciones de inmigrantes en el hemiciclo, estuvo presidido por las declaraciones de buena voluntad y de convivencia que compartieron los representantes del tripartito y CiU. La consellera d’Acció Social, Carme Capdevila, destacó que los extranjeros «han venido para quedarse» y, ante esta realidad, propuso un esfuerzo de integración «bidireccional entre los nuevos catalanes y los ciudadanos autóctonos». El portavoz de CiU, Josep Lluís Cleries, elogió el grado de diálogo adquirido para la aprobación de la ley y propuso evitar «tanto el ‘papeles para todos’ como a quien quiere promover la xenofobia».
Los últimos conflictos en relación con la inmigración sobrevolaron el debate y desde las filas de la izquierda se aprovechó la sesión para censurar el folleto repartido por el PP de Badalona el pasado sábado en el que se vinculaba inmigración y delincuencia. «La presidenta del PP catalán tiene las manos manchadas de mentira, xenofobia y racismo», acusó el dirigente de Esquerra Unida i Alternativa, Jordi Miralles.
El PP y Ciutadans votaron contra la ley porque establece el catalán como la lengua vehicular de las políticas de acogida. El popular Rafael López sostuvo que la norma pretende crear «nacionalistas».
Más allá de esta discrepancia o de la presencia indirecta de polémicas como la de Badalona, el clima parlamentario entre los grandes partidos fue cordial. No en vano, en la tarde de ayer estaban previstos nuevos encuentros discretos entre las fuerzas del Govern y CiU para tratar de pactar un compromiso para no usar de forma partidista el fenómeno migratorio en la próxima campaña electoral catalana.
Publicado por: El Periodico
