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La Junta Directiva de ALTODO ha denunciado que la Comunidad de Madrid «bajo el pretexto de abaratar el coste de la justicia gratuita, está dejando en absoluta indefensión a miles de ciudadanos carentes de recursos».
La asociación explica que el crecimiento de demanda de justicia gratuita «no ha sido debido a las solicitudes de extranjeros, ya que éstas representan una mínima proporción respecto al conjunto de las designaciones en las demás jurisdicciones».
«Tampoco responde a la verdad la afirmación de que los inmigrantes que aterrizan en Barajas hayan incrementado ese coste, ya que desde hace un año la Comisión Provincial de Justicia Gratuita ha dictado una resolución para impedir que el abogado pueda defenderle contra la Orden de Retorno, al no turnar Procurador», añade.
ALTODO asegura que no es cierto que en materia de extranjería «o en cualquier otra materia» no exista un mandato previo del ciudadano a favor del letrado para que éste ejercite acciones legales en su nombre, y de hecho «existe un doble mandato», ya que al del defendido se une el del Colegio de Abogados.
Precisa que los letrados «tienen la obligación de recurrir las resoluciones judiciales y administrativas con cuyo contenido no estén de acuerdo sus defendidos, si éste es su deseo», y «el ejercicio de esta función de defensa no puede nunca ser considerado como un ‘fraude’ sino como un derecho del justiciable, legalmente reconocido, que el letrado de oficio se limita a ejercer».
«Si existe fraude es porque la Consejería lo tolera, por activa o por pasiva, ya que al no disponer de personal administrativo para verificar la veracidad de las solicitudes, tampoco puede cobrarles a los defraudadores las indemnizaciones indebidas que abonan a los abogados del turno de oficio, por la prestación del servicio», matiza.
En opinión de ALTODO, el Decreto anunciado por Aguirre, que restringirá la justicia gratuita exclusivamente para las personas que demuestren su escasez de recursos, «esconde, en realidad, su obsesivo propósito e intención de recortar ese servicio público para, a fin de cuentas, privatizarlo».
Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación Libre de Abogados (ALA), María Jesús Díez, ha explicado a Efe que el anuncio realizado ayer por Aguirre «es de enorme gravedad, pero no sorprende porque forma parte de su política», tendente a acabar con el turno de oficio.
Ha destacado que restringir el servicio de justicia gratuita afectará a muchos ciudadanos, y ha negado que la atención a extranjeros sea el motivo de su encarecimiento.
Ambas asociaciones abordarán este asunto más detenidamente tras las vacaciones de Navidad para decidir si llevan a cabo alguna medida de protesta. EFE
