Realizar toda la tramitación necesaria para que una persona extranjera pueda contar con toda la documentación en regla no es una tarea sencilla. En esa labor, los inmigrantes deben enfrentarse con frecuencia a situaciones donde la asistencia jurídica es casi ineludible y de ahí que desde asociaciones como ‘Almería Acoge‘ les tiendan la mano.
Esta asociación, que cuenta con sede propia en El Ejido, ha ampliado este año su servicio jurídico y, además de la abogada que colaboraba con ellos habitualmente desde la capital almeriense, cuentan con otra letrada que realiza visitas semanales a los centros de Níjar, Roquetas de Mar y El Ejido. En el caso de la sede ejidense, las visitas son cada jueves.
La coordinadora local de Almería Acoge, Begoña Arroyo, aclaró que desde este servio de trabaja «de forma específica» todas las cuestiones relacionados con la inmigración ya que para otras cuestiones los trámites que han de seguir los usuarios serían los mimos que los de cualquier autóctono. De esta forma, el servicio suele ir unido a la prestación de ayuda tras la imposición de recursos por órdenes de expulsión, denegaciones, escritos por trato discriminación, o bien mediaciones en la oficina de Extranjería para conocer el estado de determinados expedientes.
La situación en las últimas semanas también ha sido especial debido, tal y como ya denunció públicamente la organización, la «presión judicial». En esta línea, aseguran que se han dado casos de agentes a las puertas de la organización esperando a que saliesen usuarios que, en la mayoría de los casos no cuentan con toda la documentación en regla y que acuden allí precisamente para buscar asesoramiento. De esta forma, desde Almería Acoge denuncian que «se multiplican las órdenes de expulsión».
Además, según la coordinadora local de ‘Almería Acoge’, algunos de estos expedientes se inician cuando el inmigrante acude al juzgado para firmar, tal y como le habrían indicado en una detención anterior en la que se les retiró el pasaporte y se les instó a acudir con periodicidad al juzgado. Así, aunque Begoña Arroyo reconoce que son situaciones de ilegalidad, también suponen «mucha vulnerabilidad para algunas personas que pueden llevar tres años aquí y que tienen todas las condiciones de arraigo, personas que incluso sólo tienen que esperar quince días para presentar sus papeles en Extranjería y, sin embargo, se inicia el proceso de expulsión. Eso significa que cuando van a presentar sus papeles en Extranjería no se admite a trámite porque tienen iniciado el otro proceso y entonces hay que empezar con recursos desde el primer día».
Esta es precisamente una de las principales vías en las que se trabaja en el servicio jurídico de Almería Acoge, junto con otra relacionada con las denegaciones de permisos de trabajo. En esta línea, Begoña Arroyo dice que ahora se está dando una «denegación sistemática de permisos cuyo contrato es la agricultura». No en vano, estos permisos deben darse en base a contrataciones de un año y, desde la administración se alega que, en el sector agrícola, no puede haber trabajo de un año porque la campaña dura menos meses.
«Lo que pasa es que eso ni responde a las necesidades del inmigrante que con ese contrato iba a tener bastantes meses de trabajo pero tampoco a la de los agricultores que los necesitan unos cuantos meses. En este momento la denegación es sistemática para agricultura y en esta tierra le gente se necesita para este sector lo que está provocando que se alargue el tiempo para conseguir ese primer permiso», afirmó Begoña Arroyo.
En definitiva, el servicio jurídico de Almería Acoge pasa por una época de bastante trabajo ya que, según la coordinadora local, «se vive una situación de mayor obstaculización para conseguir esos permisos, por la denegación y por la situación de presión policial».
Los últimos datos oficiales que maneja la organización de ayuda al inmigrante, reflejan que durante el pasado año los usuarios de este servicio fueron en un 75% hombres siendo la primera nacionalidad es la marroquí (un 26%). Generalmente e trata de gente joven, menores de 35 años en un 40% de los casos y aproximadamente un 55% de ellos está en situación irregular.
Publicado por: Ideal.es