El caso de Olga Lucía Contreras, la mujer colombiana que buscaba un informe de arraigo positivo por parte del Concello de Vilagarcía, ha destapado toda una serie de sorprendentes prácticas que hasta hace poco tiempo venían caracterizando la política de Ravella en materia de inmigración. Pero también los cambios que la concejala de Servizos Sociais, la nacionalista Ana Lorenzo, se ha esforzado por imprimir en un ámbito tan sensible como este. Tal vez la más chocante de todas las medidas se refiere a la actuación de un funcionario municipal, que se dedicaba a remitir sistemáticamente a la policía informes negativos sobre los inmigrantes. Poco importaba que los certificados en cuestión fuesen solicitados por los propios extranjeros o que la misión del Ayuntamiento para nada tenga que ver con denunciar a nadie. Los expedientes eran remitidos por el técnico a la alcaldía, para su rúbrica definitiva, y desde allí directamente a comisaría.
Semejante costumbre fue atajada en agosto por la propia concejala. Lorenzo emitió entonces una circular en la que advertía claramente de que, con respecto a los temas de arraigo social, solo se pondrían en conocimiento de la Policía Nacional aquellos informes que fuesen favorables. «Nunca os informes desfavorables, que deberán ser notificados unicamente aos interesados», exponía la responsable del departamento municipal.
El razonamiento de la edila obedece a una lógica precisa. Los certificados de arraigo parten voluntariamente de quienes los solicitan, como un intento de resolver la situación personal de los interesados con el asesoramiento de los trabajadores sociales. Evidentemente, este objetivo solo se logra en caso de que los informes sean positivos, «non tendo, por tanto, xustificación algunha nin interese ningún, nin para o beneficiario nin para os Servizos Sociais deste Concello, que se comunique un informe cando este sexa negativo». El comportamiento contrario, argumentaba Lorenzo, solo puede crear problemas, «o que -concluía- non pode ser intención de ningún traballador social deste municipio».
fuente:lavozdegalicia
Lo mismo hacen en Barcelona y nadie puede hacer nada, hasta que no se encuentre la manera de poder denunciar dichos actos, la xenofobia lamentablemente esta a la orden del dia, quisiera verlos a ellos en nuestro lugar a ver que vida harian en otro pais, donde no tenemos derechos, solo obligaciones, pero los organismos van como van.