fuente: elcorreodigital.com
Después de casi tres años de intentar mejorar la antigua Oficina de Extranjería, la Delegación de Gobierno de La Rioja se planteó que era imposible atender a más de 40.000 ciudadanos extranjeros en las «obsoletas» instalaciones de la calle Pérez Galdós. A partir de ese momento, y de acuerdo con los trabajadores y los sindicatos tanto de policías como de funcionarios que reclamaban condiciones mejores, la Delegación se puso en marcha para encontrar una nueva oficina «que permitiese mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios así como la atención a los extranjeros que residen y trabajan en La Rioja».
Así, ayer, el delegado del Gobierno, José Antonio Ulecia, inauguró las nuevas instalaciones ubicadas en Jorge Vigón 72, que cuentan con 712 metros cuadrados. «Se mejora notablemente las condiciones de los trabajadores y todos los extranjeros que se acerquen no tendrán que hacer colas en la calle, algo que era difícil en las otras instalaciones», explicó.
Destinadas únicamente a extranjería (tanto trámites policiales como funcionariales), con tres despachos y zonas diferenciadas para tareas administrativas, la oficina incrementa «notablemente» el espacio de atención al público e incorpora una sala de espera con aseos.
Permisos de trabajo, de residencia, estancia por estudios, tarjetas de familiares de ciudadanos comunitarios o autorizaciones de regreso. Estos son sólo algunos de los trámites legales que realiza esta oficina a diario. Para ello, veinticuatro funcionarios trabajarán, a partir de este lunes, atendiendo a las 63.300 personas que, de media, acuden a sus dependencias cada año. Unas 275 personas a diario aproximadamente.
Cabe recordar que, a 31 de marzo, vivían en La Rioja 43.972 extranjeros con permiso de residencia o certificado de registro en vigor, una población que supone el 13,64% del volumen total de habitantes de La Rioja. Por nacionalidades son originarios de Rumanía los más numerosos, con 10.971 ciudadanos, seguidos por Marruecos con 8.403 de esta nacionalidad. Del total, dijo Ulecia, «algo más de 40 han solicitado la prestación por desempleo para volver a su lugar de origen» por la crisis.
Las instalaciones son alquiladas y suponen un gasto de unos 10.000 euros mensuales, financiados por el Gobierno de España. Se mantendrán durante diez años gracias a un contrato firmado con el Colegio de Aparejadores. El precio incluye el acondicionamiento.
