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Se aprueba un Reglamento donde se regula el funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros
El pasado viernes 14 de marzo, se aprobó a través de un Real Decreto, el Reglamento que regula el funcionamiento y régimen interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros.
Las principales novedades destacables son:
1. Se establecen dos ámbitos de gestión: El ámbito de la seguridad: Que será asumida por el Cuerpo Nacional de Policía y el ámbito asistencial que será asumido por personal ajeno al Cuerpo Nacional de Policía, que podrán ser empleados públicos o personal fruto de contratos o convenios, y que se ocuparán de organizar, gestionar y controlar los servicios de asistencia sanitaria, jurídica, cultural y social.
2. Se abre la puerta a la participación de las ONGs, tanto en los servicios de asistencia social, como en las posibles visitas a los centros y en la celebración de reuniones semestrales de seguimiento de la prestación de los servicios sanitarios, asistenciales y sociales entre los miembros de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y representantes de las instituciones, entidades u organizaciones con las que se hayan suscrito convenios para la prestación de servicios.
3. En cuanto a los derechos de los internos podrán recibir visitas, comunicarse libremente con sus abogados, representantes diplomáticos o consulares. Control judicial de los propios CIEs, para ello, los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos podrán inspeccionar los centros.
Sobre de los CIE
Estos Centro de Internamientos de Extranjeros aparecen como primera vez en 1985, junto con la primera ley de extranjería. Son establecimientos públicos de carácter no penitenciario, dependientes del Ministerio del Interior, destinados a la custodia preventiva y cautelar de extranjeros para garantizar su expulsión, devolución o regreso por las causas y en los términos previstos en la legislación española en materia de extranjería, y de los extranjeros que, habiéndoles sustituido la pena privativa de libertad por la medida de expulsión o tribunal competente.
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