La Comisión Europea propuso ayer ampliar las razones que pueden aludir los miembros del bloque para, temporalmente, restablecer los controles fronterizos interiores.
La legislación actual ya permite controles temporales en caso de amenazas al orden público o a la seguridad. Por ejemplo, para impedir la llegada de decenas de miles de aficionados de un equipo de fútbol a otro país si éste considera que podrían provocar altercados. O para dificultar el movimiento de grandes masas de manifestantes en fechas de cumbres políticas importantes, como las de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o el G–8.
La comisaria europea de Inmigración, la liberal sueca Cecilia Malmström, defendió su propuesta pero criticó –sin nombrar a nadie– “las soluciones populistas” y dijo que esperaba que París, en contrapartida, abra la mano con la concesión de documentos de asilo político.
Malmström, que insistió en el “carácter temporal” de esos controles, explicó que sólo se podrán hacer en “circunstancias excepcionales” a partir de un reglamento que está por desarrollar. La comisaria reconoció que esa mención actual a “amenazas al orden público o la seguridad” no es muy precisa.
A la vez que aceptaba reformar la directiva de libre circulación, Malmström recordaba a París que la llegada de 25.000 inmigrantes tunecinos “no es un flujo migratorio enorme que justifique la puesta en marcha de medidas excepcionales”.
Además, la comisaria quiere que la decisión de restablecer los controles fronterizos, cuando deba tomarse, se haga en base a una “decisión europea porque, si no, nos arriesgamos a poner en peligro todo el sistema” .
Un total de 25 países europeos participan en el espacio “Schengen” de libre circulación de personas. Todos los de la Unión Europea (UE) –excepto el Reino Unido, Irlanda, Chipre, Bulgaria y Rumania– además de Suiza, Noruega e Islandia.
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