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La iniciativa propuesta por el Gobierno de Retorno Voluntario dirigida a inmigrantes residentes en España que se queden sin empleo no ha tenido éxito entre este colectivo. Así lo recoge el diario Las Provincias en su edición digital esta mañana:
Los expertos lo predijeron y el tiempo les ha dado la razón: el plan de retorno voluntario para inmigrantes desempleados del Gobierno central ha sido un fracaso. Desde que entró en vigor en noviembre de 2008, únicamente 178 extranjeros afincados en la provincia de Castellón se han sumado al programa gubernamental, que propone el pago anticipado de la totalidad del subsidio de paro (el 40 por ciento en España y el 60 por ciento restante en sus países, al mes siguiente) pero con la condición de que el inmigrante regrese a su país y, lo que es más llamativo, renuncie a la obtención de un permiso de residencia y de trabajo en España durante al menos tres años. Pasado ese tiempo, puede volver a solicitar la entrada para trabajar, pero el Gobierno no garantiza en ningún caso ese regreso.
La medida no ha tenido una buena acogida, bien sea porque la inyección financiera es insuficiente o porque, una vez regresa a su país, el inmigrante queda sumido de nuevo en la desprotección y sin posibilidad de entrar en España. Pero si la tendencia ha sido generalizada en el conjunto del Estado (donde se han tramitado cerca de 10.000 solicitudes pese a que los cálculos iniciales rondaban el millón), en Castellón el fracaso ha sido, si cabe, más estrepitoso. Según los datos oficiales facilitados por el Ministerio de Trabajo, de las 1.354 peticiones de retorno registradas en el conjunto de la Comunitat Valenciana desde noviembre de 2008 hasta el pasado martes, únicamente 178 proceden de la provincia. De Valencia constan 586 solicitudes, y 590 vienen de Alicante.
La escasa repercusión en el territorio castellonense se explica porque el programa de retorno voluntario va dirigido exclusivamente a extranjeros que estén desempleados pero que además no sean comunitarios. Los principales solicitantes proceden de Ecuador, Perú, Colombia y Argentina, según fuentes del Ministerio.
Los ciudadanos rumanos, al pertenecer a un país integrante de la Unión Europea, no pueden acogerse a estas ayudas. Y son ellos los que conforman el grueso de la población inmigrante de la provincia de Castellón. De hecho, la peregrinación hacia el país balcánico está siendo cada vez más masiva, pero los rumanos regresan sin posibilidad de acogerse a ayudas.
«Nosotros podemos circular libremente por toda Europa, y España no puede limitar nuestra vuelta al país. Por eso, aunque tengamos las mismas necesidades que inmigrantes de otras nacionalidades, no podemos acogernos al plan de retorno», explica Cristina Dobre, mediadora cultural de la Asociación Rumana de Castellón.
El año pasado este colectivo reclamó un plan de características similares específico para ciudadanos de la Unión Europea, pero ahora se ha llegado a la conclusión de que sería dificil su puesta en marcha. «El Gobierno o las asociaciones pueden facilitar al inmigrante dinero para el regreso, pero nadie puede garantizar que la misma persona que ha recibido la subvención para quedarse en Rumanía no esté de vuelta en España al cabo de un mes. La entrada es libre», explica.
Así es que, de momento, el Consulado Rumano en Castellón y las asociaciones no gubernamentales son los que se encargan de dar asistencia a aquellos compatriotas que, al haber perdido sus trabajos y en muchos casos sus viviendas, están en situación de desamparo.
No obstante, el Ministerio de Trabajo e Inmigración financia desde 2003 otro programa de retorno voluntario dirigido a inmigrantes en situación de precariedad o de exclusión social en el que no se especifica el requisito de que los beneficiarios sean no comunitarios. El plan es mucho más limitado, ya que la Administración sólo financia el billete de vuelta al país de origen y una ayuda económica para la reintegración en el país que, como máximo, puede ser de 400 euros por persona y de 1.600 euros por unidad familiar. Y además, para obtener la ayuda es necesario presentar un informe elaborado por los servicios sociales municipales o por una organización no gubernamental que acredite que se está en situación de precariedad.
El plan tampoco tiene grandes adeptos. En Castellón, desde principios de 2009 hasta mediados de noviembre solamente se acogieron a estas otras ayudas 101 inmigrantes (frente a los 369 de Alicante y los 152 de Valencia). Y es que aceptar estas subvenciones supone arriesgarse a perder unos permisos de trabajo que en ocasiones se han perseguido durante años.
publicado por: Las Provincias
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