Movilizaciones de emigrantes por la reforma de la Ley Electoral

elecciones1Los emigrantes españoles, los más de 1,3 millones de inscritos en el llamado Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA), se han movilizado contra el principio de acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE para eliminar su derecho de voto en las elecciones municipales, autonómicas y al Congreso de los Diputados, y limitarlo exclusivamente al Senado.

El principio de acuerdo entre PSOE y PP, apoyado por otros partidos, como CiU, suponía limitar el voto de los emigrantes a cuatro escaños en el Senado. De esta manera, los partidos deberían presentar una lista para esa circunscripción exterior, como si fuera la de cualquier provincia, y todos los emigrantes, vivan donde vivan, votarían esa misma lista. Si finalmente saliera adelante la iniciativa, habría tres tipos de senadores: de designación autonómica, elegidos por cada circunscripción provincial y los elegidos por la circunscripción exterior.

La base sobre la que los dos partidos defendían su propuesta era que, aunque los emigrantes conserven la nacionalidad hasta en tercera generación, nunca han residido ni tienen intención de residir en los municipios, pero con su voto determinan el color del gobierno local.

Por ejemplo, en las últimas elecciones gallegas, en 2009, el PSdeG consiguió arrebatar un diputado al PP de Ourense gracias a los votos del exterior -aunque no le sirvió para mantener el Gobierno- y en las elecciones generales de 2008, los emigrantes cambiaron de signo un diputado por Barcelona, que pasó del PP a CiU por poco más de 200 votos.

Los miembros de la subcomisión parlamentaria que estudia la reforma de la Ley Electoral han recibido en las últimas semanas cientos de correos de emigrantes que rechazan la reforma. La movilización ha sido tal, que los dos partidos se han plantado y han decidido reconsiderar el voto para el Congreso, aunque no el de las municipales. CiU, por ejemplo, sigue apoyando que se restrinja el sufragio para los comicios locales.

A la presión individual de los emigrantes se une la de organismos como la Comisión Delegada de Derechos y Participación del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, que ha emitido un comunicado en el que manifiesta su “indignación por las medidas previstas”. Considera que son “un recorte de derechos fundamentales” y se pronuncia a favor de mantener el voto por correo, en lugar del sistema presencial en los consulados que se intenta establecer también para los emigrantes.

Dentro del PSOE y del PP, los responsables del partido en el exterior han protestado ante las respectivas direcciones para intentar frenar el acuerdo.

Hay otras iniciativas, como la del Consejo de Residentes Españoles de la Demarcación Consular de Berna-Basilea, que acordó dirigirse al presidente del Gobierno, al del Congreso y al del Senado, a todos los grupos parlamentarios, al Defensor del Pueblo, a los distintos medios de comunicación y a la ciudadanía, para intentar frenar la reforma legal.

A esas peticiones se ha sumado el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, en una carta al presidente de la Comisión Constitucional, Alfonso Guerra, en la que traslada el malestar de los emigrantes y asegura que la reforma podría ser inconstitucional.

La subcomisión acordó el miércoles enfriar el tema y pedir una prórroga de sus trabajos hasta junio. En todo caso, estudia garantías y exigencias adicionales, como establecer para el Congreso el llamado “voto rogado”, es decir, que los emigrantes tengan que inscribirse antes de acudir a votar y no baste sólo con figurar en el censo electoral.

La subcomisión ha renunciado a cambiar el sistema electoral, como pretendían partidos como IU y UPyD, pero ha avanzado ya en importantes propuestas de cambios legislativos, como evitar que el voto de los tránsfugas sea determinante en los Ayuntamientos.

También han pactado que las televisiones privadas tengan obligación de emitir espacios gratuitos de los partidos, como ya hacen las públicas.

Los partidos minoritarios han conseguido que el PSOE y el PP dieran marcha atrás en su pretensión inicial de acabar con las limitaciones a la publicación de las encuestas durante la campaña electoral.

La reforma legal propuesta por el Gobierno para limitar aún más las actividades de formaciones que no condenan a ETA ha alterado el calendario previsto por la subcomisión, que deberá tramitar esa reforma de la Ley Electoral. Ese cambio legal cuenta con apoyo de PSOE y PP, pero es rechazado por la izquierda y por los nacionalistas.

Fuente: El Pais

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