Mesa redonda sobre la atención sanitaria a inmigrantes irregulares en Comisiones Obreras

Comisiones obreras acoge este jueves una mesa redonda sobre la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular

La atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular está en boca de todos, pero sin embargo, hay aún muchas dudas con respecto a dicho tema. Por eso, Comisiones Obreras acoge este jueves una mesa redonda para tratar el tema de la atención sanitaria a inmigrantes “sin papeles”, que comenzará a las 19:45 horas en el Salón de Actos de su sede en Santander.

En esta mesa redonda intervendrán la especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y diputada regionalista, Concepción Solanas, la portavoz de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes en Cantabria y miembro de ACSUR, Marlene Licona, así como el director de un colegio de Senegal, Ablaye Ndoye,  una psicóloga especialzada en inmigración, Ángela María Caicedo, y el educador social, Valentín Andrés, que tratarán el conjunto de problemas sanitarios, económicos o psicológicos derivados de la falta de asistencia sanitaria primaria a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular.

Y es que con la intención de ahorrar un total de 7.267 millones de euros, el Gobierno aprobó un Real Decreto que, entre otras cosas, limita la asistencia sanitaria sanitaria a todas las personas que se encuentren en España en situación irregular.

Pese a que no entrará en vigor hasta el 31 de agosto, algunas comunidades autónomas como Cantabria, ya están aplicando estas restricciones y han dejado de emitir nuevas tarjetas de asistencia a estos inmigrantes.

A partir de dicha fecha, sólo podrán acceder a la atención de urgencias por enferemedad grave o accidente, salvo que acrediten que cuentan con un seguro privado.

Sin embargo, los menores de 18 años “recibirán asistencia médica en las mismas condiciones que los españoles” y las embarazadas gozarán de atención en la gestación, el parto y el postparto, conforme recoge el artículo 12 de la ley de extranjería.

Fuente: El Economista

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