La oficina del Defensor del Pueblo gestiona más de 2.000 expedientes en materia de inmigración en 2011

La Institución ha formulado 53 recomendaciones, 44 sugerencias y 12 recordatorios de deberes legales

La Oficina del Defensor del Pueblo, que dirige María Luisa Cava de Llano, ha tramitado más de 2.000 expedientes en materia de inmigración en lo que va de año, una cifra similar a la gestionada en el mismo período durante 2010. Aunque se mantiene el número de quejas y los problemas planteados no difieren en exceso con los de años anteriores, es significativo que muchos de los escritos que han llegado a la Institución ponen de manifiesto los efectos que la crisis económica ha tenido sobre la población migrante, un colectivo especialmente vulnerable y más en momentos como el actual.

La demora en la tramitación de las renovaciones de las autorizaciones de trabajo y residencia así como los graves retrasos que padecen los expedientes de nacionalidad en los distintos registros civiles son el objeto de la mayoría de las quejas de los ciudadanos extranjeros que se dirigen al Defensor del Pueblo.

Asuntos más frecuentes y logros

En 2011 las quejas relativas a las demoras en la tramitación de los expedientes de nacionalidad en el Registro Civil siguen siendo unas de las más numerosas. También persisten los problemas detectados en años anteriores en las oficinas de extranjeros de varias provincias con las largas demoras en las solicitudes de cita y en la tramitación de las renovaciones de autorizaciones de residencia y trabajo.

Por otra parte, de nuevo los ciudadanos españoles casados con extranjeros han protagonizado muchas de las quejas que llegan a la Institución al ver cuestionados sus matrimonios por las sospechas de algunos consulados de encontrase ante uniones de conveniencia. En reiteradas ocasiones la Institución ha tenido que formular sugerencias para resolver situaciones de este tipo.

Reformas legales

En el año 2011 se han producido varias reformas legales e importantes cambios en procedimientos administrativos, en muchas ocasiones, gracias a las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo. Esta Institución se congratula especialmente de la reforma operada en la Ley de Extranjería por la Ley Orgánica 10/2011 que permite que cualquier ciudadana extranjera en situación irregular, víctima de violencia de género, pueda acudir a la policía a denunciar, sin miedo a que se inicie un expediente de expulsión en su contra.

Esta reforma legal introduce también importantes avances en la lucha contra la trata de seres humanos, en la línea de lo solicitado por el Defensor del Pueblo. El nuevo reglamento de la Ley de Extranjería, aprobado por el Real Decreto 557/2011, reconoce finalmente que los ciudadanos extranjeros en situación irregular, padres de menores españoles, puedan alegar esta condición como muestra de su arraigo en España. Esta cuestión había sido trasladada por esta Institución en varias ocasiones a la Administración a fin de que se tuviera en cuenta en los procedimientos de arraigo, lo que finalmente se ha plasmado en el reglamento citado.

Por otra parte, la necesidad de que el derecho a ser oído de los menores extranjeros no acompañados fuera correctamente plasmado en el procedimiento de repatriación ha sido también expresamente incluida en el nuevo reglamento de la ley de extranjería, recogiendo así una recomendación formulada por el Defensor del Pueblo en el año 2005.

Asuntos pendientes

En la lista de asuntos pendientes de resolver se ha de dar cuenta de las quejas que se siguen recibiendo por parte de colectivos y de ciudadanos que denuncian haber sido testigos de prácticas abusivas por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la identificación y detención de personas extranjeras en diferentes ciudades españolas.

En otro orden de cosas, la Institución considera que hay que seguir trabajando también en la mejora efectiva de las condiciones de privación de libertad en las que se encuentran las personas extranjeras en los centros de internamiento, así como en la urgente necesidad de mejorar las instalaciones de varios de estos centros.

Resulta asimismo urgente seguir avanzando en la racionalización y mejora de todos los procedimientos administrativos que tienen que ver con la extranjería. La inaceptable demora que han de seguir soportando los ciudadanos extranjeros en su relación con la Administración ha de ser abordada de manera decidida. En esa misma línea, la situación cercana al colapso que soporta el Registro Civil Central, que afecta también a ciudadanos españoles, ha de atajarse de manera urgente.

Informes monográficos

En 2011 la Institución presentó el informe monográfico “¿Menores o adultos?: Procedimientos de determinación de la edad”. En la publicación se recogen las deficiencias detectadas en estos procedimientos y se da cuenta de las 41 recomendaciones formuladas por la Institución para erradicarlas. La oficina del Defensor del Pueblo ha detectado que los procedimientos de determinación de la edad no reúnen las suficientes garantías. También ha constatado que los criterios son dispares en cada comunidad autónoma y que existe descoordinación entre las diferentes administraciones implicadas en la determinación de la edad. Por este motivo, entre las recomendaciones formuladas, destacan algunas encaminadas a promover la formalización de un protocolo interinstitucional que permita el intercambio de pruebas e informes forenses, a fin de facilitar los antecedentes necesarios que pudieran existir sobre la persona a la que se le va a realizar un estudio de estimación de la edad. Además, se relatan siete casos investigados por la oficina del Defensor y que dan idea de los trabajos que realiza la Defensoría en esta materia.

En la actualidad la Oficina está elaborando un monográfico sobre la trata de seres humanos que pretende arrojar luz sobre este delito que convierte a las personas tratadas en esclavos del siglo XXI. En el informe, que pretende hacer un análisis de la realidad lo más preciso posible, también se analizan los convenios internacionales suscritos por España y la normativa europea para comprobar si el standard de protección a las víctimas es el adecuado. Además, se formularán también recomendaciones dirigidas a aquellos órganos de la Administración con competencia en la materia.

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