Soledad Becerril, Defensora del Pueblo, se ha reunido con Juan Ignacio Zoido, Ministro del Interior, para pedirle la instalación de más cámaras de vigilancia en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), la mejora de las instalaciones y reconocimientos médicos «sistemáticos» de los internos.
El 18 de octubre, medio centenar de inmigrantes se amotinó para intentar escaparse del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Su protesta puso el foco sobre las condiciones de vida en los siete CIE que hay en España, donde se suceden los conflictos.
Las ONG especializadas critican que los CIE funcionen bajo criterios de control y servicios propios de una prisión, cuando son centros de carácter no penitenciario donde se ingresa cautelarmente a extranjeros que están pendientes de que se ejecute una orden de expulsión a su país de origen. Denuncian, también, la precariedad de sus instalaciones y los conflictos que surgen entre internos de diferentes nacionalidades. La combinación de todos esos problemas ha resultado en numerosos motines y fugas en los últimos cinco meses (más de 100 internos se han fugado de las instalaciones de Aluche durante este periodo).
El 21 de agosto, 10 personas se fugaron del CIE de Murcia. Ese mismo mes, 17 internos lo hicieron del de Madrid. El 6 de octubre, otros 67 inmigrantes escapaban del CIE murciano. A inicios de noviembre, casi 60 personas intentaron huir del CIE de Barcelona. El 14 de noviembre, otra decena de internos se escaparon de esa instalación. Y el 27 de noviembre, 13 inmigrantes se fugaron del CIE de la capital, del que ya había escapado otros dos a inicios de ese mes.
Debido a a estos incidentes, el 26 de octubre, Becerril y su equipo se presentaron sin previo aviso en el CIE de Aluche para investigar los hechos con unas 90 entrevistas. Una minoría de los inmigrantes denunció «malos tratos», según la defensora, mientras que otros afirman que el trato de la Policía fue correcto.
«Creo que los derechos se cumplen y creo que la asistencia y las infraestructuras son mejorables», ha dicho Becerril, y que «hay aspectos a subsanar». «La asistencia sanitaria hay que ampliarla lo más posible y que contemple un examen médico para las personas que van a ser repatriadas, antes de marcharse; una mejor asistencia por parte de traductores, que son escasos; atender de modo más inmediato las solicitudes de ser atendidos por el director; que se les dé copia de las quejas; y que las cámaras de videovigilancia se extienda a todas las zonas comunes, para que no haya puntos oscuros».
Tras las diversas entrevistas y visita al centro, la defensora pide que los internos dispongan de información en más idiomas sobre protección internacional y acceso a sus consulados; que se instalen más cámaras de videovigilancia; y que se efectúe un reconocimiento médico sistemático de los internos, antes e inmediatamente después de salir, que deba ser anotado en un registro. En definitiva, más transparencia y control en la gestión de los centros.
Información extraída de «El País»
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