Abogados de extranjería en vídeo
Pese a que contar con un abogado defensor es un derecho fundamental reconocido por la Constitución española en su artículo 24.2, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en el acto de inauguración de los nuevos juzgados de los contencioso-administrativo celebrado ayer, declaró que la Comunidad no seguirá pagando la justicia gratuita para los extranjeros y para los detenidos, un sistema que llegó a calificar de «abuso» por parte de algunos letrados que presentan recursos y recursos para continuar con los procesos. «No podemos seguir sufragando estos 50 millones de euros cuando no estaba previsto en las transferencias. La Comunidad no va a seguir alimentando un fraude y esta desnaturalización de la justicia gratuita«, aseguró la presidenta regional.
Aguirre puso como ejemplo la entrada de inmigrantes por el aeropuerto de Madrid-Barajas y recordó que en su día ya se quejó por tener que pagar un recurso jurídico planteado por Omar Bin Laden, hijo del jefe de Al Qaeda, cuando solicitó asiló en Barajas.
La presidenta madrileña va a pedir la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias para que se acabe con el abuso de este servicio. Según sus palabras, la justicia gratuita se confunde con el turno de oficio y no es una materia que estuviera prevista entre las competencias transferidas a las comunidades autónomas.
El consejero de Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados, matizó las declaraciones de Aguirre y explicó que se está dando una perversión de la justicia gratuita: «Lo que la presidenta ha querido decir es que este abuso se va a acabar«. Por ello, el Ejecutivo regional pretende frenar tres tipos de asistencia.
La primera consistirá en no pagar el abogado a los extranjeros que no puedan justificar que no tienen dinero para pagarlo. La segunda será que los letrados no puedan recurrir «de manera permanente», aunque sus clientes ya no estén en España. Según Granados, los letrados asisten a los extranjeros rechazados, pero luego mantienen los recursos hasta llegar a veces al Constitucional, pese a que el cliente haya sido expulsado.
La tercera medida afecta a los juicios de lo Social y a los rápidos. Ambos cuentan con asistencia letrada gratuita, pese a que muchas veces los clientes pueden pagarlos, según Granados.
El Colegio de Abogados de Madrid y alguna asociación de inmigrantes protestaron por la medida, que calificaron de discriminatoria. Pidieron a la presidenta que rectifique para no causar graves problemas a los extranjeros.
Una de las asociaciones de inmigrantes que protestó por esta medida fue la Asociación de Ecuatorianos Rumiñahui, que cuenta con 10.000 integrantes. Su presidente, Vladimir Paspuel, recibió con «admiración e incertidumbre» las declaraciones de la presidenta madrileña, según recoge el diario El Pais.
«Pensé que Europa era el continente de la democracia, la justicia y la solidaridad. Con medidas como ésta, los inmigrantes nos vamos a quedar a merced de la nada«, explicó Paspuel. El colectivo ecuatoriano es el más numeroso en la región, con unos 140.000 integrantes.»No es lógico que se les retire el apoyo de los abogados precisamente a los inmigrantes, que son los que vienen en situaciones difíciles y sin recursos para poder defenderse«, criticó Vladimir Paspuel. «Este tipo de declaraciones desde luego no favorecen la integración de los inmigrantes en España«, añadió a renglón seguido.
En opinión de Paspuel, es en esta época de crisis cuando hay que defender a los más débiles y a la población más vulnerable mediante los servicios sociales. «En eso debe radicar la grandeza de los países desarrollados y su apertura hacia los que menos tienen«, destacó el presidente de Rumiñahui.
También recordó que Aguirre ha alabado en más de una ocasión la labor de los inmigrantes en la región, que es un colectivo muy grande que hace elevar la economía de la región madrileña. «No lo entiendo, la verdad«, concluyó.
fuente: elpais.com
No sé como resolverán tan grave dilema, justicia gratuita, pero debemos entender que el origen de todo el problema que tiene la Comunidad de Madrid radica en la situación de falta de liquidez que sufre el sistema público y privado.
Dicho esto debemos llamar la atención sobre quien recae la carga de demostrar quién es beneficiario de la justicia gratuita, pues manifiestan que accederá a la misma quien acredite que no tiene ingresos, ¿pero cómo se acredita dicha situación? pues un drogadicto que roba que carece de casa, teléfono etc… y es puesto en libertad no podrá atender al requerimiento de justificar ingresos, (ya que posiblemente no sepa que se lo están requiriéndolo) y entonces el abogado que le asistió deberá justificarlo por él (hecho imposible). Pero, ¿si no se acredita no se dispone de la justicia gratuita?, entonces Sr Granados denegará la justicia gratuita a todos los drogadictos y sin techo de este país, o hará que los abogados de oficio trabajen para esta parte marginal de la sociedad totalmente gratis.
Muy diferente podría ser el asunto de la seguridad vial, pues quien es propietario de un vehículo cuanto menso tendrá 500 euros para abonar un abogado, por lo que sí se ha de tener cuidado en este aspecto, pero la actual normativa ya regula dicho control de ingresos, que por parte de la Administración se obvia, pues es la administración la que con un simple acceso a la Renta de cada persona puede conocer su estado de ingresos y cargas familiares, sin necesidad de esperar a que se lo remitan.
Así sucede en múltiples situaciones que se dan cuando alguien solicita la Justicia Gratuita. En conclusión, deberán tener cuanto menos cuidado en sus decisiones, pues la justicia gratuita es un coste, cierto, pero también es una ayuda social necesaria que se ha de mantener.
NESECITO INFORMA-ME SE POIDO CONSEGUIR EL CUNO PARA OS PAPELES DE MI HIJO PARA ASER EL NI QUE DEBO ASER.