Ante las polémicas expulsiones que Francia ha llevado a cabo en los últimos días de inmigrantes gitanos, la Unión Europea ha pedido al país galo que demuestre que está actuando conforme a la normativa europea.
La Comisión Europea ha pedido a Francia que demuestra que la expulsión de gitanos inmigrantes cumple las normas de la UE, sumándose al debate sobre el equilibrio entre las políticas nacionales en el bloque y la protección de los derechos de los grupos marginados.
En un informe preliminar esta semana, tres de los 27 comisarios de la Comisión cuestionaron si Francia estaba cumpliendo los requisitos legales de la UE cuando manda a los inmigrantes gitanos de vuelta a Rumanía y Bulgaria. Pero el informe no ha llegado a emitir un juicio por ahora.
En el último mes, Francia ha expulsado a 1.000 gitanos de campamentos ilegales de todo el país, elevando la cifra anual total a casi 9.000, en un momento en el que el presidente Nicolas Sarkozy persigue medidas drásticas en cuanto a seguridad mientras su popularidad decrece.
Las expulsiones han dejado a la Comisión Europea en un dilema ya que se debate entre la necesidad de dar a los miembros espacio para actuar y la obligación de asegurar que se cumplen las políticas del bloque respecto a la protección de las minorías y el libre movimiento de personas.
«La Comisión busca información detallada de las autoridades francesas sobre si se han aplicado, y hasta qué punto, las salvaguardas exigidas en los casos recientes», según el texto, al que Reuters tuvo acceso.
Los expertos de la UE dicen que la legalidad de las expulsiones estriba en las condiciones en las que se están llevando a cabo las repatriaciones más que en el hecho de repatriarlos, aunque Francia tendrá que mostrar probablemente que sus medidas contra el delito no van sólo contra los gitanos.
Como ciudadanos de la UE, los gitanos pueden vivir en cualquier país del bloque durante tres meses. Para quedarse más, han de trabajar y contribuir a la Seguridad Social. Sin embargo, muchos de los aproximadamente 10 millones de gitanos que hay en Europa no trabajan dentro de la economía formal.
Las expulsiones han generado numerosas críticas de los grupos de defensa de los derechos humanos, la Iglesia católica y varios ministros del Gobierno de Sarkozy, mientras que muchos han denunciado la relación que se está haciendo entre la principal minoría étnica en Europa y el delito.
Durante las vacaciones de agosto, la Comisión tuvo dificultades para definir una posición, pese a que se le abordaba a diario con preguntas sobre las acciones de Francia. Ahora está intentando recuperar la iniciativa con un tema muy delicado.
En su informe confidencial, los tres comisarios dijeron que Francia debería asegurar que las expulsiones estaban justificadas en cada individuo y demostrar que los expatriados suponían una amenaza para la seguridad pública y eran una carga importante para la asistencia social.
Francia ha intentado simplificar los argumentos diciendo que el retorno es voluntario. Aquellos que accedieron a irse cobraron 300 euros y 100 euros más por cada uno de sus hijos.
Sin embargo, los comisarios indicaron que no bastaba con que París ofreciera a los gitanos dinero para marcharse – de hecho, es pagar para eludir las normas del bloque respecto al libre movimiento de ciudadanos.
Otro tema examinado por la Comisión es si Francia está tratando por igual a quienes quebrantan las normas del libre movimiento entre fronteras.
La Comisión tendrá también que abordar el problema de lo que los activistas de derechos humanos dicen que es la creciente falta de voluntad de algunas capitales europeas para afrontar la exclusión social de los gitanos.
El problema ha crecido en los últimos años, aseguran, ya que las dificultades económicas han incrementado el recelo hacia los inmigrantes.
«Todo el mundo está intentando enterrar su cabeza en la arena», dijo Piotr Maciej Kaczynski, del Centro para los Estudios de Política Europea en Bruselas.
Fuente: www.swissinfo.ch
