Hace algunos días, publicamos en Parainmigrantes.info un artículo de ABC en el que se decía que los inmigrantes aportan al Estado más de lo que gastan, tal y como se derivaba de las conclusiones de un estudio realizado por la Fundación Obra Social la Caixa sobre Inmigración y Estado de Bienestar en España.
En esta nueva entrada, os dejamos las declaraciones de Francisco Javier Moreno Fuentes, científico titular del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid, uno de los autores de este informe, junto con María Bruquetas Callejo, profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Amsterdam.
El 12,17% de la población de España, más de 5,7 millones de personas, es inmigrante. Nuestro país se ha convertido en el segundo Estado miembro de la Unión Europea por número de residentes extranjeros.
Menos del 1% de los perceptores de pensiones son extranjeros (de ellos, más de la mitad son europeos). A la vez, la alta tasa de actividad de los inmigrantes ha contribuido a retrasar en cinco años la entrada en déficit del sistema de pensiones (de 2023 a 2028) y ha frenado el envejecimiento poblacional.
Los inmigrantes consultan un 7% menos al médico de cabecera y un 16,5% menos al especialista, aunque recurren un 3,2& más a los servicios de urgencias. Actualmente constituyen poco más del 5% del gasto sanitario total.
La crisis ha castigado duramente a los colectivos de origen inmigrante, que en la actualidad sufren tasas de desempleo superiores al 30%.
Casi el 30% de los inmigrantes en España son pobres frente al 18% de autóctonos que se encuentran en esa situación (con un umbral del 60% de la mediana de la renta). Un 6,8% de las intervenciones de los servicios sociales se dirigen a población inmigrante.
El 9,6% de los alumnos de educación obligatoria son inmigrantes. Su tasa de abandono prematuro es 2,1 veces superior a la de los alumnos autóctonos.
El 50% del superávit de las finanzas públicas (unos 5.000 millones de euros anuales) en los años de mayor crecimiento, de 2002 a 2006, correspondió a impuestos y contribuciones sociales aportados por la inmigración.
El inmigrante es percibido de manera creciente como un competidor en el acceso a prestaciones o servicios públicos y, según las últimas encuestas, más de la mitad de los españoles considera que reciben más apoyos que los ciudadanos autóctonos.
