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España firma el «Tratado de Compostela» con Portugal, Brasil y Argentina para agilizar las extradiciones

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Las autoridades judiciales y gubernativas de estos países contarán con un instrumento más ágil para la lucha contra la criminalidad transfronteriza y contra la impunidad.

El ministro español de Justicia, Francisco Caamaño, junto con responsables de la Justicia Argentina, Brasil y Portugal, han firmado hoy en el Colegio de Fonseca de la Universidad de Santiago de Compostela, el acuerdo de simplificación de extradiciones, o «Tratado de Compostela», lo que permitirá que las autoridades judiciales y gubernativas de los países firmantes cuenten con un instrumento más ágil para la lucha coordinada contra la criminalidad transfronteriza y contra la impunidad. Además, este tratado está abierto a la adhesión de todos los países de la COMJIB (Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos). Por parte de Portugal, ha firmado el acuerdo el ministro de Justicia, Alberto Martins; por Brasil, su viceministro de Justicia, Rafael Favetti y por Argentina, la coordinadora general del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Adriana Alfonso. El acto fue presentado por el rector de la Universidad, Juan Casares.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, afirmó durante su intervención que este acuerdo es el resultado del firme compromiso para «profundizar en los cauces legales de cooperación jurídica internacional vigentes y esta tarea reclama un esfuerzo conjunto y coordinado de todos los países». Además añadió que «con ello se busca mejorar la eficacia de los procedimientos y velar por la seguridad jurídica y el cumplimiento de las garantías del sujeto durante el proceso de detención y entrega».

Francisco Caamaño desgranó algunos aspectos del acuerdo, entre los que destacó su ámbito de aplicación, «que no queda limitado a un solo tipo de delitos, sino que se utilizará con carácter general a todas las solicitudes de extradición cursadas entre los Estados». Los delitos que dan lugar a la extradición deben cumplir un umbral de duración que en el caso de que la extradición se solicite para el enjuiciamiento de la persona reclamada, no será inferior a un año, y si se trata de una extradición para cumplimiento de condena, ésta deberá ser igual o superior a seis meses. Respecto del tratamiento del requisito de la doble incriminación, el ministro de Justicia añadió que «con la nueva regulación se entenderá ya verificado siempre que la extradición se solicite por alguno de los delitos recogidos en convenios internacionales ratificados por las partes».

El «Tratado de Compostela» también da cabida a la entrega de nacionales, salvo impedimento constitucional. En todo caso, los países que entreguen a sus propios nacionales podrán condicionar dicha entrega a la posterior devolución de la persona para que cumpla la condena en su país de origen de manera inmediata. En caso de denegación de la extradición por impedimento constitucional se refuerza el compromiso de enjuiciar a la persona en el territorio de la parte requerida.

Respecto a la necesidad de traducción de las solicitudes y al objeto de agilizar los procedimientos, Franciso Caamaño informó que se ha incluido en el Tratado un formulario en formato bilingüe y una disposición que permite traducir sólo la parte dispositiva de la resolución para reducir costes. También se establece la transmisión directa entre autoridades centrales por medios electrónicos.

Otro de los aspectos que se incluye en el Tratado, subrayó el ministro de Justicia, es «la posibilidad de aceptar las solicitudes de detención provisional a través de Interpol, lo que permite asegurar la entrega mediane la detención provisional de la persona reclamada, en tanto se recibe la solicitud formal de extradición, sin merma de los derechos y garantías del reclamado, pues dicha detención está sometida a un plazo perentorio y, por supuesto, a control judicial».

Los países firmantes también han intentado acortar plazos, declarando de forma genérica la necesidad de actuar de forma ágil, e introduciendo un plazo de 30 días para efectuar la entrega, una vez adoptada la decisión que concede la extradición.

Asimismo, Francisco Caamaño destacó la introducción del mecanismo de entrega temporal, con el fin de evitar que la suspensión de la entrega por cumplimiento de responsabilidades pendienes en el Estado requerido entorpezca el procedimiento penal en curso en el requirente.

Por último, el ministro de Justicia destacó la inclusión de una base jurídica para el procedimiento simplificado de extradición, por lo que cuando la persona reclamada consienta en su extradición de forma libre y voluntaria podrá ser entregada sin ulteriores trámites. Con ello, «no solamente se reduce considerablemente la duración del procedimiento, sino que se permite una rápida actuación de la justicia en beneficio de las víctimas y de los derechos del propio imputadod».

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