El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha acusado al Gobierno de España de lanzar «globos sonda» sobre su política de inmigración y ha manifestado que el Ministerio de Trabajo «ha incumplido los plazos» para la aprobación del Reglamento de la reforma de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social (Ley de Extranjería). Así lo publicó la edición digital de La Crónica Virtual
La Ley de Extranjería -aprobada en diciembre de 2009- marca un plazo de seis meses para su desarrollo reglamentario, esto es, debería de haber estado aprobado antes del 12 de junio.
En un comunicado de la consellereía, Blasco se hace eco de la iniciativa del gobierno central que pretende ahora reformar el Reglamento de Inmigración planteando renovar el permiso de residencia a inmigrantes en paro si sus parejas trabajan y cumplen, en su lugar, los requisitos económicos para permanecer en España. «Es una evidencia que el Gobierno de España ha perdido todo tipo de crédito y formalidad para hablar de inmigración y de cualquier otro asunto importante para la ciudadanía«, argumenta el conseller en la nota de prensa.
Según Blasco, el presidente del Gobierno «si aún tiene ministro competente en inmigración, debería reunir a las comunidades autónomas para tratar el desarrollo de la reforma de la Ley de Extranjería y sin embargo opta por darles la espalda. Es más, si puede, las ahoga económicamente porque de lo único que se conoce del Gobierno de España es el recorte de las ayudas a las comunidades autónomas en materia de inmigración«. Blasco ha añadido que «la provisionalidad en el Ministerio de Trabajo e Inmigración es un lastre para España«.
Pese a este «nulo apoyo del Gobierno de España«, la reforma de la Ley de Extranjería supone mayores obligaciones y competencias para las comunidades autónomas. Blasco ha recordado que el Consell ha adoptado sin el apoyo de Zapatero medidas como el Compromiso de Integración, el cual ahora se reconoce para obtener el arraigo.
El conseller ha destacado que «la política de inmigración de Zapatero es nefasta» y apunta que lo único que sabe hacer este Gobierno es «recortar año tras año las ayudas a la integración«.
Según los datos que expone el conseller en el comunicado, «el Gobierno recortará un 32,39% las ayudas a la inmigración a las Comunidades Autónomas, pasará de 118 a 80 millones de euros. De este presupuesto se desprende la tranferencia que el Ministerio de Trabajo dedica a nuestra Comunitat, y que pasará de los 7,6 millones de euros de este año a alrededro de 2,5 millones de euros para el próximo ejercicio«.
«La reforma de la Ley de Extranjería traslada a los municipio y las comunidades la elaboración de los informes para que un inmigrante pueda, entre otros trámites, acreditar su integración para el arraigo o informar sobre el estado de su vivienda para el reagrupamiento familiar«, continá el escrito, lo que supone que «los certificados acreditativos expedidos por el Consell para reconocer la integración de un inmigrante, recogidos en la Ley Valenciana, pueden ser nulos a efectos de obtener el informe de arraigo ante una Oficina de Extranjería dependiente del Gobierno al no regir aún el nuevo Reglamento de la Ley y no estar contemplado en el anterior«. Se calcula que son más de 80.000 los informes que anualmente elaborarán las Agencias de Mediación para la Integración y la Convivencia Social (AMICS), convenidas entre los ayuntamientos y la Generalitat.
