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Siguen sin resolverse expedientes del 2016 ni de 2017 por la vía ordinaria, siendo a través de un recurso contencioso administrativo que la concesión se acelera y puede lograrse en pocos meses.
Conseguir ser español en ocasiones es toda una odisea
El tiempo máximo para la resolución por parte de la Administración de las peticiones de nacionalidad por residencia debe ser un año. Sin embargo, los plazos no se están cumpliendo y casi 400.000 solicitantes siguen pendientes de un dictamen.
El Gobierno llegó a reconocer el pasado abril que por entonces aún se estaban resolviendo los expedientes presentados en el 2015, argumentando que la mayoría seguían pendientes de recibir informes preceptivos de la Policía.
Lo cierto es que actualmente siguen sin resolverse expedientes del 2016 ni de 2017 por la vía ordinaria. Siendo a través de un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional que la concesión se acelera y puede lograrse en pocos meses.
Como contrapunto a la presteza de la resolución por parte de la Justicia, los costes se ven aumentados de manera sustancial. Se suman a la tasa por el servicio de tramitación, las inscripciones para hacer la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE), el examen de español para los no hispanoparlantes (DELE) y la obtención del certificado de antecedentes penales en el país de origen, además del pago por los honorarios de abogado, procurador y poder para pleitos.
Tras el cambio de procedimiento en 2015 para obtener el pasaporte español por residencia se introdujo la obligatoriedad de realizar los exámenes de nacionalidad, además de establecer el plazo de un año para la resolución de la solicitud.
La petición telemática se estableció con el fin de agilizar los trámites, lo que ha aligerado la entrega de solicitudes a través de un proceso informático que se completa en poco tiempo.
A partir de ahí los plazos de resolución han sido inciertos y, entre tantas cuestiones, la solicitud de nacionalidades por extranjeros residentes en España ha sufrido desde 2017 un desplome interanual del 56%, hasta las 66.498.
En consecuencia, la solicitud de nacionalidades por extranjeros residentes en España ha caído un 56%, llegando a sus mínimos.
Con el nuevo procedimiento más de 200.000 personas la han solicitado, pero no más de 550 han visto resuelto su expediente, la mayoría de ellas tras haber interpuesto un recurso contencioso.
El plan de choque anunciado por el Gobierno para afrontar el colapso fue el propuesto por la ministra de Justicia sobre la intención de contratar a cien funcionarios. Sin embargo, según fuentes del ministerio todavía se están definiendo las medidas concretas para gestionar los expedientes que quedan por resolver.
Fuente: 20Minutos
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