El paro aumenta el número de irregulares

Llevan dos o tres años residiendo en España. Cotizaban a la Seguridad Social, en muchos casos reagruparon a sus familias y habían comprado un piso. Pero desde hace unos meses, las ofertas de trabajo escasean, han perdido sus puestos de trabajo y no pueden renovar sus permisos de residencia si no acreditan un empleo. No quieren regresar a su país de origen y volverán a la economía sumergida, a la invisibilidad, a que se les tache de inmigrante irregular, o peor, ilegal.

Sin nombres en los registros oficiales, estos inmigrantes adquieren presencia al acercarse a las personas que les brindan una atención desinteresada. A las ONG acuden cada vez más un mayor número de inmigrantes sin trabajo. Conocen esta situación las asociaciones integradas en la federación Andalucía Acoge. José Miguel Morales, secretario general de esta ONG, alerta de esta nueva variación demográfica, aún no percibida por las autoridades, pero que está tomando forma en las oficinas de estas entidades sociales o en las demandas tramitadas por las asesorías de inmigración de los sindicatos. «Es un serio problema, lo estamos comprobando desde octubre o noviembre y se va a ir incrementando progresivamente hasta verano», avisa.

Tras unos años en los que la población extranjera sin papeles ha ido descendiendo progresivamente -control en la entrada ilegal y procesos masivos de regularización-, la crisis vuelve a llenar la bolsa de inmigrantes irregulares. De los 60.000 aproximadamente en Andalucía en las temporadas más boyantes de la economía a una cifra que ronda entre 80.000 y 100.000. La ecuación: a la cifra de autorizaciones de trabajo o permisos de residencia se sumaría un 10% de inmigrantes irregulares.

Otra fórmula para conocer la población sin papeles: cruzar los datos del padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE), 615.787 inmigrantes en Andalucía a fecha 1 de enero de 2007, con los permisos que expide el Ministerio de Trabajo e Inmigración, 529.506 extranjeros. De la resta, unos 85.000 inmigrantes viven en la marginalidad.

Pero esta aproximación no permite aún comprobar las nuevas variaciones. «Lo notamos en la atención diaria, cada vez más familias nos hacen consultas sobre su situación legal; aún no ha tenido demasiada dimensión, pero seguro que va a empezar a crecer en los próximos meses», vaticina Morales.

Los irregulares ahora proceden más del territorio español que de fuera. La llegada de inmigrantes a través de pateras bajó un 29% el pasado año, 1.400 personas menos que en 2007, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo.

Las administraciones están estableciendo criterios cada vez más restrictivos, en materia de reagrupación familiar y de renovación de permisos. La Ley de Extranjería ordena tener cotizados por año, para poder renovar la tarjeta de trabajo y residencia, 180 días, aunque el legislador permite 90 si se acredita que la persona ha buscado empleo activamente, no fijase una baja voluntaria en el primer contrato o bien tiene contrato en vigor.

Pero hay personas que no han llegado a esas cifras y les están siendo denegadas esas autorizaciones de renovación, lo que está implicando que toda esa gente, que no va a marcharse voluntariamente, pasen a la bolsa de irregulares, coinciden las ONG.

Esta gente, procedente en su mayoría de la construcción y el sector agrario, intentará trabajar, pero lo hará ya dentro de la economía sumergida, con las consiguientes riesgos de abusos o de ser sancionados por las administraciones y por tanto expulsados.

Ante esta situación de crisis y desempleo, las ONG solicitan flexibilidad. La Ley de Extranjería ya es rígida «y más que se va a poner con la reforma», advierte Morales. Andalucía Acoge lleva desde las elecciones observando el «giro conservador» del Gobierno en política migratoria, los desaciertos de las declaraciones del ministro Celestino Corbacho o el escaso éxito de políticas como el retorno voluntario.

La economía sumergida, los accidentes de trabajo y, en algunos casos, la delincuencia, otean en un horizonte futuro. Una incertidumbre que genera problemas psicológicos para el inmigrante: quiere trabajar y no de forma precaria, se incrementan los nervios y son conscientes de que vienen tiempos peores. La desesperación es un estadio inminente.

fuente: diariodesevilla.