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El Gobierno pide a las Delegaciones y Subdelegaciones más control ante las nuevas peticiones de residencia de parejas de hecho registradas.
Gracias a una sentencia del Tribunal Supremo español de noviembre de 2010, se permite que las parejas de hecho inscritas como tal en un registro público, puedan obtener una autorización de residencia en España en las mismas condiciones que aquellos que contraen matrimonio. Sin embargo, y ante la flexibilidad de los registros de uniones de hecho, que en la mayoría de los casos, exigían muy pocos requisitos, se ha producido un aumento considerable de inscripciones de parejas de hecho, en su mayoría estando alguno de los miembros en situación irregular, pudiendo acceder de esta forma a regularizar su situación en el país.
Este aumento considerable de inscripciones, y ante la sospecha de inscripciones fraudulentas, ha llevado a la Secretaría General de Inmigración y Emigración a dictar una nota interna, tal y como publica El País, en la que se insta a las Delegaciones del Gobierno y a las Subdelegaciones ante las que se presentan las solicitudes de residencia comunitaria, a que en cuanto consideren que una unión es fraudulenta, lo comuniquen de inmediato a las brigadas de Extranjería y Fronteras y dejen «la solicitud pendiente de contestación» a la espera de un informe policial. «En el caso de que existan sospechas razonables de la existencia de un presunto abuso, fraude o irregularidad, la Oficina de Extranjería no expedirá al familiar de ciudadano de la Unión la tarjeta de residencia permanente, tras verificar la duración de la residencia, hasta que no queden acreditados fehacientemente los requisitos establecidos». Estas dudas pueden consistir, por ejemplo, en si el matrimonio o la pareja de hecho se ha disuelto o anulado, si el familiar que da derecho a la residencia no reside en España o se ha ausentado del país por un período superio a 6 meses en un año, etc.
Y es que la Policía Nacional ha asegurado que se ha producido un «aumento alarmante» de solicitudes de residencia por ser familiar de ciudadano comunitario, en concreto por ser pareja de hecho registrada, y según fuentes de la Comisaría General de Extranjería, muchas de esas uniones podrían ser fraudulentes. Así revela el Cuerpo Nacional de Policía que durante 2011 realizó 61 operaciones contra matrimonios mixtos considerados «de conveniencia» y con 33 parejas de hecho, que se saldó con 305 detenidos.
Esta orden de la Secretaría de Inmigración es una novedad en cuanto a la forma de proceder, ya que en la actualidad la policía no interviene necesariamente en los trámites a través de la Delegación, sino que lo hace a través de investigaciones policiales posteriores cuya finalidad es desarticular grupos organizados que se dediquen a concertar matrimonios o inscripciones de parejas de conveniencia. No obstante, inscribirse como pareja de hecho o casarse por conveniencia no es delito, sino una infracción administrativa. Para que constituya delito se tienen que producir otras circunstancias, como la utilización de identidades falsas o la aportación de documentos falsos.
Hasta el cambio de la normativa, después de una sentencia del Supremo a raíz de una denuncia de Andalucía Acoge porque España aplicaba de forma restrictiva la directiva Europea, los matrimonios falsos, canónicos o civiles, eran la vía elegida para conseguir regularizarse. Las entrevistas y los documentos requeridos son más exigentes, indica un inspector de la Brigada de Extranjería de Barcelona. En el caso de las bodas religiosas, se exige los contrayentes la partida de bautismo, un curso prematrimonial y la entrevista personal con un sacerdote. Las parejas que deseen casarse por lo civil deben presentar el pasaporte en vigor o el certificado de su renovación, entre otras cosas, y pueden ser llamados por el juez, generalmente con experiencia en detectar los fraudes.
Los agentes piden un registro centralizado, con herramientas para controlar el fraude, y advierten también de la indefensión que supone para los ciudadanos que se cierren los municipales, como ha ocurrido en varios ayuntamientos de Cataluña, que han optado por cerrar unos registros municipales de parejas que inicialmente nacieron con la intención de regularizar los derechos de las parejas homosexuales cuando no podían casarse. En la Comunidad Catalana, además, basta registrar la unión de hecho ante notario para que tenga validez legal, pero esa inscripción no vale para pedir la tarjeta de familiar de residente comunitario. La norma exige que sea en un registro. Los inmigrantes en situación irregular no podrían adquirir los derechos de cualquier persona en España por esta vía y se verían obligados a casarse.
