El Gobierno intenta ganar apoyos en la reforma de la Ley de Extranjería

El ‘delito de hospitalidad’ desaparece, se flexibiliza la reagrupación y crecen las garantías en las expulsiones

Fuente: COLPISA. MADRID
El Gobierno ha dado un tijeretazo a su anteproyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley de Extranjería. El nuevo borrador elaborado por los ministerios de Trabajo, Exteriores e Interior elimina o matiza buena parte de los aspectos restrictivos del anterior texto que habían sido criticados por organizaciones sociales, jueces e instituciones. En particular, desaparece el denominado ‘delito de hospitalidad’, el castigo a las ONG que acogieran inmigrantes ‘sin papeles’. El articulado, en su versión de mayo, incluye además algunas de las recomendaciones de los órganos consultivos, como la de conceder permiso de trabajo a las irregulares maltratadas.

Los responsables del Ejecutivo están convencidos de que, tras los cambios, el nuevo anteproyecto, que probablemente sea remitido al Congreso este mes de junio, «no suscitará grandes controversias» en el trámite parlamentario, por lo que podría ser aprobado antes de final de año o a principios de 2010.
La que será cuarta reforma de la Ley de Extranjería desde su aprobación en 2000 no incluirá el castigo de hasta 10.000 euros por ‘delito de hospitalidad’. Las críticas a este precepto por parte de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo General de la Abogacía y las organizaciones afectadas han forzado al Ejecutivo a reescribir el artículo 53.2 para evitar ambigüedades. El nuevo precepto es claro: serán perseguibles aquellos que «promuevan la permanencia irregular en España de un extranjero» pero sólo cuando medie una «invitación expresa del infractor», un supuesto que excluye, ahora claramente, a las ONG que ayudan a los ‘sin papeles’ sin haberlos traído a España.

En las 48 páginas del nuevo borrador también se flexibiliza la reagrupación familiar, otro de los aspectos más controvertidos. Se mantiene al núcleo familiar estricto: descendientes y ascendientes dependientes mayores de 65 años. La novedad es que por motivos «humanitarios» y «excepcionalmente» podrán reagruparse a padres menores de 65. Se trata de evitar romper parejas (que uno de los cónyuges reagrupable haya pasado el límite de edad pero el otro aún no haya llegado a los 65). También se hacen más laxas las exigencias económicas, ya que no sólo se tendrán en cuenta los ingresos del inmigrante que quiere traer a sus padres o hijos sino que también se computará el dinero de su cónyuge.

El anteproyecto, a pesar de las presiones de las organizaciones sociales, aumenta de 40 a 60 días los plazos de internamiento de los inmigrantes ‘sin papeles’ pendientes de expulsión para facilitar así las deportaciones antes de que venzan. Pero establece límites a posibles prórrogas en la retención en el caso de que el inmigrante solicite asilo, presente un ‘habeas corpus’ o se encuentre enfermo. Nunca podrá alargarse el internamiento más de dos semanas extras. El Gobierno desoye también la petición del Consejo Fiscal, que defendía que fuera la autoridad judicial quien fijara los plazos del internamiento.

Hay cambios en los mecanismos de expulsión, tal y como habían reclamado los órganos consultivos, y será obligatorio que los menores expulsables sean escuchados antes de proceder a su deportación siempre que tengan «suficiente juicio» y se garantice que el menor tendrá «capacidad de obrar» durante el proceso. La Administración se arroga la potestad de deportar a niños aunque no haya localizado a su familia.
En cuanto a las expulsiones de adultos se introducen algunas garantías. La Administración, como recogía el anterior texto, podrá decretar deportaciones en lugar de multas en caso de faltas graves o muy graves, pero ahora se introduce la coletilla de que las resoluciones deberán ser «motivadas» y que éstas deberán guardar el «principio de proporcionalidad».

Abogados

Los matices también llegan a la asistencia jurídica gratuita. El articulado presentado por el Ejecutivo el pasado diciembre supeditaba este derecho al hecho de que el ‘sin papeles’ reclamara abogado de manera expresa y manifiesta, un requisito que el Poder Judicial consideraba una «condición gravosa». Ahora, el nuevo articulado precisa que todos los irregulares tendrán posibilidad de designar abogado en los procesos contra su deportación o denegación de entrada con el simple trámite de reclamarlo «reglamentariamente» ante cualquier «funcionario público».
El último borrador introduce, por último, la posibilidad de que las inmigrantes ‘sin papeles’ que denuncien por malos tratos machistas accedan a una autorización provisional de residencia y trabajo a la espera de una sentencia. Su expediente será examinado por los tribunales y sólo conseguirá los permisos si hay una orden de alejamiento contra el presunto agresor. Si no, se reanudará el expediente de expulsión, pero si al final se la declara víctima, la mujer podrá acceder a una autorización permanente.