El Defensor del Pueblo español transmitió a la ONU las denuncias presentadas por los ciudadanos por redadas racistas contra inmigrantes
El Defensor del Pueblo ha enviado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas un informe en el que ha incluido las quejas presentadas por ciudadanos por las identificaciones policiales callejeras que se están realizando en España basadas en criterios raciales, complementando así con este informe el remitido por el Gobierno y por una veintena de ONG´s y que servirá para examinar si España cumple el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Esta cuestión podría ser, por tanto, una de las que hoy tenga que aclarar la delegación española cuando someta al examen oral del Comité. Durante dos jornadas, deberán defender el informe elaborado por el Gobierno sobre el cumplimiento del Pacto y responder, a demanda de los expertos, sobre las cuestiones planteadas por las ONG y el Defensor del Pueblo en sus respectivos trabajos.
El Defensor del Pueblo ha recogido diversos casos analizados en sus informes anuales durante el periodo 2007-2010, como las citadas redadas racistas, sobre las que referencia las «numerosas quejas de ciudadanos de origen extranjero que han sido detenidos como consecuencia de controles de identificación realizados de manera sistemática en distintos lugares de Madrid».
«Antes de recibir estas quejas, el Defensor ya había iniciado una investigación con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para conocer cómo se estaban realizando las diligencias de identificación en la vía pública tras la entrada en vigor de la Circular 1/2010, de 25 de enero. No obstante, de las quejas recibidas parecía desprenderse que se estuviera haciendo una interpretación de la circular restrictiva con los derechos de los ciudadanos extranjeros en función de sus rasgos étnicos», explica la Alta Institución al Comité.
En este sentido, Gobierno central admitió en 2009 la existencia de cupos de detenciones de ciudadanos sin los papeles en regla, aunque atribuyó las órdenes de identificar solo a ciudadanos con aspecto foráneo a un error. Sin embargo, los controles continuaron. Por ello, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), condenó a España por discriminación racial.
En marzo de 2012, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, los dio por eliminados, instando a los ciudadanos a denunciarlos si llegaban a ver situaciones similares. Hasta ese momento, afectados por las redadas seguían denunciado en el diario 20minutos.es que las fuerzas del orden les paraban por la calle sin motivo.
