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El Concello considera que no es de su competencia elaborar los informes de inserción social y de habitabilidad de vivienda
El Concello ha anunciado a las asociaciones que forman parte del Consello Municipal das Migracións su decisión de dejar de realizar dos trámites indispensables para que los inmigrantes obtengan el permiso de residencia por circunstancias excepcionales y ejerzan el reagrupamiento familiar. El gobierno local defiende que el reglamento de extranjería, en vigor desde abril, atribuye a las comunidades autónomas los llamados informes de arraigo social y adecuación de la vivienda, por lo que reclama a la Xunta que asuma estas gestiones. Además, la edil de Benestar, Isaura Abelairas, ha descartado definitivamente firmar el convenio de subvención de la Oficina de Inmigración –sita en Martínez Garrido– al asegurar que los fondos recibidos son muy inferiores a los que corresponden a la ciudad por número de extranjeros.
«Desde junio continuamos emitiendo los informes para no ocasionar ningún perjuicio a las personas inmigrantes, pero es tiempo de que cada Administración asuma sus responsabilidades«, explica Abelairas en una carta enviada a las asociaciones En ella les comunica que desde el 15 de septiembre deja de realizar esos trámites.
El Concello y la Dirección Xeral de Emigración mantienen un conflicto por los informes y por el convenio para sostener la Oficina de Inmigración. La Xunta ofrece aportar 50.000 euros para el mantenimiento, mientras que el Ayuntamiento correría con 20.000. Abelairas reclama una consignación de 173.000 euros –el coste anual del personal– y resalta que Vigo es la ciudad con más inmigrantes de Galicia (17.000). En la misiva a las asociaciones les anuncia que descarta firmar el acuerdo. «La Xunta tiene que aplicar un criterio poblacional. Lo que pretenden es ahorrar dinero y que lo pague el Concello, y no lo vamos a tolerar«, indicó la edil al periódico Faro de Vigo.