El CIE de los horrores
Enric LlopisRebelión
Conocido como “Guantanamito”, el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Valencia continúa siendo, según aseguran organizaciones sociales y ONG críticas, la casa de los horrores. Las denuncias de atropellos y malos tratos contra las personas inmigrantes se repiten en el CIE de Zapadores, ante la pasividad cómplice de la ciudadanía y la clase política.
Parece no haber límite a los abusos. Éste es el último episodio. El ciudadano C.W., de nacionalidad ecuatoriana e interno en el centro de Zapadores, fue deportado a su país el pasado 26 de enero en un avión que partió del aeropuerto de Barajas, y al que fue trasladado a las cuatro de la madrugada en un furgón de la Policía Nacional. Pero lo grave de esta “expulsión urgente” no es sólo su nocturnidad.
C.W. figuraba como testigo principal en la denuncia por malos tratos policiales en el centro de Zapadores, presentada por la coordinadora Campaña por el Cierre de los CIE. La plataforma, que agrupa a más de una veintena de organizaciones sociales, ha denunciado la deportación como una “represalia y un claro intento de eliminar pruebas y testigos”.
Antes de ser expulsado, C.W. declaró como testigo a medianoche en el Juzgado de Vigilancia del centro de Zapadores. El testimonio constará en el sumario, pero tendrá menos valor que si el ciudadano ecuatoriano hubiera podido comparecer en el juicio.
Según la plataforma que aboga por su cierre, los CIE son “cárceles encubiertas, en las que se encierra a personas por el hecho de ser inmigrantes y pobres”. Los internos no han cometido por lo general ningún delito. Se les priva de libertad por la mera circunstancia de no tener papeles en regla, algo que, como mucho, debería comportar una falta administrativa. Además, la tutela de los centros corre a cargo de la Policía Nacional, sin ningún tipo de contrapesos.
Salva Lacruz, uno de los portavoces de la plataforma, afirma que en estos centros “no sólo se opera con gran opacidad, sino que además se infringen torturas, tratos vejatorios y de carácter racista a los internos; en un máximo de dos meses la mayoría de las víctimas y testigos acaban siendo expulsados, según establece la vigente Ley de Extranjería”.
Hechos como el de C.W. tienen precedentes. Una ciudadana marroquí residente en Orihuela –Noura- fue detenida por la policía nacional al carecer de permiso de residencia. Durante su permanencia en los calabozos de la comisaría denunció abusos sexuales por parte de un agente. La denuncia no interrumpió el proceso de expulsión a su país, que se produjo en julio de 2010, previo cautiverio de 40 días en el centro de Zapadores.
La historia del CIE ha dado, sin embargo, un brusco giro en el último mes e incluso se ha abierto una pequeña puerta a la esperanza. El juzgado de Instrucción número 3 de Valencia –competente en la vigilancia del centro de Zapadores- ha admitido a trámite la denuncia por abusos y malos tratos presentada por las organizaciones sociales y ha constituido una Comisión Judicial para iniciar diligencias.
Un punto de inflexión en toda regla ya que, por un lado, el juez ha requerido las grabaciones de las cámaras de vigilancia del centro; además, ha exigido partes médicos de lesiones de las personas víctimas de malos tratos. La información se ha remitido asimismo a la Defensora del Pueblo y al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana….(continúa en el siguiente enlace)
