El anteproyecto de reforma de los registros públicos supondrá un lastre para el tráfico jurídico y para el desarrollo económico

Manifestaciones del Consejo General del Notariado

• Plantea una situación de máximos por la que sería obligatorio inscribir  desde el cambio de domicilio a cualquier poder e incluso el testamento y los seguros

• Incrementaría los costes para los ciudadanos (por un poder se pagaría cuatro veces más) y alargaría los plazos para llevar a cabo cualquier operación jurídica

• El director general de la DGRN, Joaquín José Rodriguez, se ha negado a incorporar las propuestas del Notariado, manteniendo el texto prácticamente igual

El Consejo General del Notariado considera que el borrador del anteproyecto de reforma de los registros públicos modificará de raíz el sistema de seguridad jurídica preventiva español pese a ser uno de los mejores del mundo y haber demostrado su eficacia. Para los notarios, con la excusa de encargar la llevanza del registro civil a los registradores, se pretende sustituir el actual modelo de seguridad jurídica preventiva por otro que será perjudicial para la sociedad y un caso aislado en la Unión Europea. Así se lo ha transmitido al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

En virtud del este texto los registradores pasarán a llevar, además de los registros de la Propiedad y Mercantil, el Registro Civil, el de Fundaciones, el de Últimas Voluntades y el de Seguros.

Este anteproyecto fue elaborado por la Dirección General de los Registros y del Notariado al margen del colectivo notarial y carece de estudios sobre su viabilidad económica. El Consejo General del Notariado denunció ante el Ministro de Justicia esta situación, quien ordenó la creación de una comisión mixta de notarios y registradores para reforma el texto. Sin embargo, y tras haberse mantenido diversas reuniones, el director general de los Registros y del Notariado, Joaquín José Rodriguez, se ha negado a incorporar las propuestas del Notariado, manteniendo el texto prácticamente igual.

Un lastre para el crecimiento económico

El incremento de los asuntos que será necesario inscribir supondrá un lastre para el tráfico jurídico y para el desarrollo económico. El borrador del anteproyecto de reforma de los registros públicos plantea una situación de máximos por la que será obligatorio inscribir casi todo, desde el cambio de domicilio a cualquier poder e incluso el testamento y los seguros. Esto incrementará los costes para los ciudadanos (por un poder se pagaría cuatro veces más) y los plazos para llevar a cabo cualquier operación jurídica

También supondrá una importante pérdida de privacidad.

En concreto y sobre la reforma que pretende del Registro Civil, supondrá un aumento extraordinario del elenco de los actos inscribibles, muchos de los cuales afectan a la privacidad de la persona.

Para el Notariado resulta incompresible que en 2011 se aprobara una ley de reforma del Registro Civil, con consenso de todos los grupos parlamentarios y con una vacatio legis de tres años, y que antes de su entrada en vigor se pretenda cambiarla íntegramente.

Sin embargo, este anteproyecto no aborda los dos aspectos que si serían susceptibles de mejora:

• La posibilidad de acceso directo al contenido de los libros registrales en el momento de firmarse la escritura pública, para asegurar la titularidad y la situación de cargas en tiempo real (según prevén dos leyes, la 24/2001 y la 24/2005 que están pendientes de desarrollar).

• La conexión entre el Catastro y el Registro de la Propiedad, para garantizar a los ciudadanos que los datos de ambos sobre una misma finca coinciden, algo que hoy en día no siempre es así y que genera inseguridad jurídica.