La Policía Nacional desarticuló una red internacional dedicada a la realización de matrimonios de conveniencia entre ciudadanos de origen colombiano y españoles. Entre los 34 detenidos se encuentra un sacerdote nacido en Colombia, una funcionaria y una abogada, en una investigación que aún no concluye, por lo que se continúa analizando todo lo intervenido y no se descartan nuevas detenciones.
En un comunicado, la dependencia precisó que descubrieron más de un centenar de este tipo de matrimonios concertados por los miembros de ese grupo que comenzó a ser investigado desde hace dos años en la denominada «Operación Escarlata».
Explicó que a cambio de más de 10 mil euros (unos 14 mil dólares), los inmigrantes podían obtener un permiso de Residencia en España y luego gestionar su nacionalización.
Desde la semana pasada se intensificaron las acciones contra este grupo para detener a los líderes, que además falsificaban documentos para sus clientes que eran casi siempre de origen colombiano y vinculados al tráfico de estupefacientes.
Entre los miembros de este grupo destacaba una mujer, de alías «Claudia», colombiana y nacionalizada española, quien a través de una supuesta gestoría en el barrio de Carabanchel y haciéndose pasar por abogada, era la encargada de realizar los casamientos.
«Claudia», tramitaba los casamientos previo pago de cantidades que oscilaban entre los 10 mil euros y los 12 mil euros (unos 17 mil dólares).
Con ayuda de otros miembros, había tejido una red de contactos para facilitarse su ilícita actividad, entre ellos algunos funcionarios, y acudía siempre a los mismos Registros Civiles y Juzgados de Paz de la provincia de Madrid y zonas limítrofes.
Las investigaciones indicaron que «Claudia» podría haber mediado en al menos 56 matrimonios civiles celebrados en el Juzgado de Paz de Torrelodones (en el norte de la Comunidad de Madrid), y otros 22 enlaces católicos en distintas parroquias madrileñas.
El extranjero interesado en legalizar su situación contactaba con «claudia» y le adelantaba una parte de los 10 mil euros que costaba la boda con un ciudadano español, el resto del dinero era entregado tras obtener el Permiso de Residencia.
«Claudia» buscaba entonces a la persona de nacionalidad española, por lo general de escasos recursos, que a cambio de tres mil euros (unos tres mil 300 dólares) accedía a contraer matrimonio.
Asimismo, realizaba todas las gestiones necesarias para formalizar el casamiento, desde los trámites administrativos hasta el aleccionamiento a los futuros contrayentes, con el objetivo de que realizaran de manera correcta la entrevista previa.
Otra de sus misiones era buscar a los testigos del enlace, a quienes pagaba unos 200 euros (casi 290 dólares), y se encargaba de gestionar la falsificación de los documentos que fueran necesarios y realizar los trámites para obtener el Permiso de Residencia.
Las detenciones de los miembros de esta organización, así como de las personas que facilitaron las falsificaciones y contrajeron matrimonio, se efectuaron en Madrid y en Valdemoro, en el sur de la comunidad de Madrid en donde también se efectuaron cinco registros en domicilios.
fuente: sdpnoticias.com
