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La asociación de inmigrantes AESCO, América-España Solidaridad y Cooperación, nos ha enviado un comunicado de prensa con su postura ante las medidas pretendidas por diversos ayuntamientos españoles de prohibir o limitar el empadronamiento a los inmigrantes que se encuentren en situación irregular:
«Causa sorpresa y alarma el anuncio de los Ayuntamientos de Vic o Torrejón de Ardoz de denegar a partir de ahora el empadronamiento a las personas inmigradas en situación administrativa irregular.
Quienes asistimos con inquietud al debate acerca de la Ley de Extranjería aprobada el pasado mes de diciembre y alertamos entonces de algunas deficiencias de dicho texto – advirtiendo de las sombras y dudas que existían acerca de la redacción del artículo 6.3 – vemos ahora confirmados nuestros peores temores ante esta aplicación restrictiva del derecho.
Hacemos hincapié en la intencionalidad con la que el legislativo fijó dicho artículo, porque la discusión en torno a la propuesta previa pretendía evitar las dudas abiertas sobre la capacidad de cualquier ayuntamiento de denegar el empadronamiento de un inmigrante irregular. Precisamente el Parlamento, y concretamente el pacto del partido del Gobierno y CIU sobre empadronamiento, buscaba cerrar esta interpretación y fijar nítidamente el derecho de cualquier persona de empadronarse en el lugar donde residía habitualmente.
Aún cuando no queremos dudar de la intención de los partidos ni de los concejales de Vic o Torrejón de Ardoz, desde un ejercicio comprometido de nuestras responsabilidades, llamamos la atención sobre las graves situaciones que en menos de un mes de aplicación efectiva de esta norma estamos viviendo en nuestra sociedad y en los sectores políticos que tienen la obligación de gestionar la diversidad y representarnos en las instituciones públicas. Con hechos como a los que hacíamos referencia anteriormente han entrado un poco más en nuestra práctica comunitaria elementos que podrían interpretarse como xenófobos, discriminatorios y de exclusión. Los cuales en esta ocasión pudieran afectar y excluir a los inmigrantes irregulares, pero corren el riesgo de abrir hacia toda la sociedad una espiral de efectos incalculables e indeseables.
No es por tanto a los inmigrantes irregulares, o no sólo a ellos, a quienes perjudica esta interpretación restrictiva de la norma. La denegación de derechos a los inmigrantes, de fraguarse, será también una agresión a la generalidad de los sectores sociales desfavorecidos y para los demócratas en general, y una anegación de hecho de los predicamentos de justicia de la Constitución.
Pero también nos llama la atención porque situados como estamos en un contexto de descrédito de los modelos referenciales vigentes, el mal ejemplo de estas prácticas y el uso de un discurso populista no puede sino incrementar la desafección social hacia nuestro sistema de valores y generar malas prácticas y pautas sociales.
Es por todo ello que alertando sobre el grave peligro que a las aspiraciones de democracia sustantiva implica la espita abierta, y aún cuando es de esperar que el sistema legal restituya derechos legales de las personas que se vean afectadas por una denegación de su empadronamiento o del acceso a servicios básicos, manifestamos nuestra posición de rechazo de cualquier uso de la ley (de cualquier ley) para fines discriminatorios, arbitrarios, xenófobos o denegatorios de derechos para las personas (de cualquier persona).
Recordamos nuestra disposición a apoyar con nuestros mejores esfuerzos la búsqueda de soluciones de consenso y solidaridad para la mayor cohesión de una sociedad tan golpeada por la crisis, desterrando todas prácticas que puedan dar lugar a planteamientos xenófobos, exclusivistas o insolidarios o abrir carta de naturaleza a visiones racistas y simplistas de la sociedad.
