La nueva Ley de Integración de los Inmigrantes que elabora la Junta de Castilla y León, aún en fase de borrador, recogerá el derecho y obligación de los ciudadanos foráneos que vivan en la Comunidad a conocer y usar la lengua castellana porque es «fundamental». Así lo avanzó el consejero de Interior y Justicia, Alfonso Fernández Mañueco, tras reunirse con diversos colectivos y representantes del Foro de Integración de Inmigrantes para avanzar en el anteproyecto de la nueva normativa.
Aunque el texto aún no está cerrado ni tiene definido cómo se desarrollará este punto, el conocimiento de la lengua quiere redundar en el mejor funcionamiento de la relación de este colectivo con las administraciones, a la vez que facilitar su integración en la sociedad.
Hasta ahora, para facilitar el aprendizaje del castellano funcionan las Aulas Aliso, en las que cerca de 20.000 alumnos extranjeros reciben clases. Además, desde hace tres años existe un convenio con la Fundación de la Lengua para la realización de cursos de español para adultos en todas las provincias de la región.
Con esta obligación, Castilla y León da un paso más en la regulación de la inserción de los inmigrantes. Ni la normativa nacional, que se refiere más a aspectos administrativos, ni otras autonómicas regulan el deber de conocer la lengua oficial. En el caso de la Comunidad Valenciana, la única que ya ha desarrollado una ley en esta materia, se establece el Compromiso de Integración, un «cursillo» voluntario en el que deben demostrar los conocimientos de la cultura y se prima el conocimiento de la lengua.
Además, el texto regulará otros aspectos con el objetivo de establecer «un marco legal en condiciones de igualdad de derechos y deberes» para este colectivo que en los últimos años ha ganado peso en la Comunidad y ya representa el 6,5 por ciento de la población.
Contemplará el derecho a la sanidad, la educación y los servicios sociales, a recibir ayudas a la vivienda o a la reagrupación familiar. En el capítulo de obligaciones, la nueva norma autonómica establece algunos como el conocimiento y respeto a las leyes tales como la Constitución y el Estatuto de Autonomía, contribuir al gasto público, el respeto al medio ambiente y al patrimonio cultural o la obligatoriedad de escolarizar a los niños en edad escolar.
La nueva Ley de Integración de los Inmigrantes pretende ser «una herramienta útil para que se pueda mejorar y facilitar el conocimiento y entendimiento entre las diferentes culturas» y convertirse en «una referencia para agentes sociales, entidades sin ánimo de lucro y asociaciones y para todos los ciudadanos para facilitar la integración», según destacó el consejero. Fernández Mañueco incidió en la importancia de esta ley en Castilla y León, que tras años siendo una región de emigrantes, se ha convertido en «una tierra de acogida». El texto en el que se trabaja pretende «contribuir a fijar población al dar estabilidad a las personas que decidan instalarse en la Comunidad».
Entre las novedades que presenta el borrador destaca la figura del mediador, cuyas funciones y forma de intervención están aún por definir, para facilitar las relaciones entre los colectivos de inmigrantes y la administración. Es una de las incorporaciones fruto del trabajo conjunto con asociaciones, administraciones y sindicatos.
La Junta está redactando el anteproyecto con la participación de más de 180 entidades vinculadas con la inmigración, desde colectivos de inmigrantes a organizaciones no gubernamentales, sindicatos y la administraciones estatal y local, mediante cuestionarios y entrevistas.
El objetivo es tener listo el anteproyecto de Ley a finales de año o principios de 2010 para iniciar su tramitación parlamentaria en las Cortes, donde también se intentará lograr «el mayor consenso y respaldo posible», según apuntó Fernández Mañueco.
fuente: abc.es
