El funcionario acusado de regularizar a extranjeros a cambio de dinero también pudo favorecer la inmigración ilegal
Ayer se celebró la segunda sesión del juicio contra el funcionario de extranjeria Antonio L.C. acusado, junto con otras cinco personas más, de regularizar a ciudadanos chinos a cambio de sobornos.
Durante el juicio, el inspector de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falisificación (Ucrif) de la Policía Nacional que instruyó el atestado alegó que Antonio L.C. pudo favorecer la inmigración irregular facilitando que algunos extranjeros pudieran burlar los controles fronterizos y entrar ilegalmente en España. Esta sospecha se debe a que la Policía encontró ocho archivos informáticos en el ordenador del funcionario acusado que contenían autorizaciones de regreso ya cumplimentadas con los datos de varios extranjeros. Esta autorización de regreso, no obstante, sólo se concede a inmigrantes en situación de residencia legal en España.
Además, el inspector afirmó que Antonio L.C. «tenía mucho más dinero» del que ganaba como sueldo por su puesto de trabajo, que oscila en torno a los 1,200 euros al mes.
El Ministerio Fiscal solicitó una pena de cuatro años de prisión para el sospechoso, y otros tres años por el cohecho, pero finalmente parece ser que el fiscal del caso ha decidido suprimir el favorecimiento de la inmigración clandestina de su escrito de acusación provisional.
