Así lo ha publicado la edición digital de El País el pasado día 7 de junio:
La pretensión del Gobierno de Artur Mas de vetar el acceso a la sanidad a quienes lelven menos de seis meses empadronados choca con la Ley de Extranjería que aprobó en 2009 el Congreso de los Diputados con los votos de CiU, advierten juristas y expertos en inmigración.
La ley estatal de Extranjería, de carácter orgánico y por tanto superior a cualquier legislación autonómica, dice que los extranjeros «que se encuentran en España inscritos en el padrón del municipio tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles». La ley, así como el reglamento que la desarrolla, «no condiciona el acceso a la sanidad al periodo que el extranjero lleva empadronado, ni siquiera al hecho de tener permiso de residencia«, destacó Antonio Segura García-Consuegra, vocal de la Comisión de Extranjería del Colegio de Abogados de Barcelona. «Esta limitación es absurda: Cataluña no puede saltarse una ley orgánica«, añadió. El propósito de CiU contradice también la Ley General de Sanidad, que garantiza el acceso universal de todas las prestaciones de salud. Así lo destacó la portavoz socialista en el Parlament y exconsejera de salud, Marina Geli el pasado lunes, que tachó de «ilegal e inverosímil» el anuncio del Gobierno Catalán. «CiU está cambiando el modelo de sanidad pública, universal y equitativa por la puerta trasera«, señaló Geli.
La limitación del acceso a la sanidad se incluye en la denominada ley ómnibus que la Generalitat quiere aprobar este mismo mes para iniciar su trámite parlamentario antes del verano. Expertos en salud criticaron el lunes la iniciativa. «Es un atentado contra el principio de equidad, tremendamente impopular y clasista, un paso hacia la privatización y merecantilización de la sanidad«, denunció Joan Benach, jefe del grupo de investigación sobre desigualdades en salud de la Universidad Pompeu Fabra (UPF).
El departamento de Salud aseguró que está analizando los «detalles jurídicos» del anteproyecto de la ley ómnibus. «Tras el periodo de exposición pública y una vez estudiadas las alegaciones, se decidirá cómo se concreta la Ley», indicó un portavoz del Departamento, que insistió que el objetivo de fijar un mínimo de seis meses de empadronamiento para acceder a la sanidad es «frenar el turismo sanitario». El Colegio de Médicos de Barcelona ha puesto el anteproyecto de la ley ómnibus en manos de su asesor jurídico para estudiar posibles alegaciones. El presidente del Colegio y del consejo asesor de Artur Mas en materia sanitaria, Miquel Vilardell, avanzó ayer que no se opone a la propuesta, «siempre y cuando esté garantizado el acceso a las urgencias». Vilardell sí cuestióno otra reforma contenida en la ley ómnibus, la que abre las puertas a que los hospitales públicos puedan realizar actividad privada. En su opinión, la medida es «peligros» porque favorece una doble lista de espera. La misma alerta lanzaron los expertos Ortún y Benach.
