La titular del juzgado de Instrucción número veinte de Valencia ha imputado a un funcionario de la Subdelegación de Gobierno de Valencia por su presunta implicación en una trama de bodas de conveniencia. El acusado, que ya ha prestado declaración en el juzgado, trabaja en la Oficina de Extranjeros de Valencia que se encarga de conceder certificados de matrimonio.

La juez ha imputado al acusado porque fue grabado hablando por teléfono con el supuesto cabecilla de la red, según confirmaron fuentes cercanas al caso. El imputado insistió en su declaración en que sólo es un “ordenanza” y que no tiene acceso a los ordenadores ni “a la clave para poder entrar a la aplicación de extranjería”.

La magistrada del caso mantiene imputadas a diecisiete personas por su supuesta implicación en una red que concertaba matrimonios de conveniencia. La policía sospecha que la trama arregló más de un centenar de bodas entre españoles e inmigrantes que necesitaban regularizar su situación en España.

La banda, según los primeros indicios que maneja la policía, cobraba más de 12.000 euros por gestionar un matrimonio civil y también se ocupaba a los dos años de tramitar el divorcio a cambio de más dinero.
El grupo también estafaba a inmigrantes a los que prometía conseguir documentos por el procedimiento de arraigo sin llegar a tramitar las solicitudes.

La Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificación de la policía -Ucrif- intervino seiscientos expedientes a la banda por lo que el fraude puede ser mucho mayor. La trama, presuntamente dirigida por un gestor que responde a la identidad de Juan José C. F., fue descubierta a raíz de otra investigación por tráfico de drogas en Madrid. Los policías madrileños tenían intervenido el teléfono de uno de los sospechosos de nacionalidad colombiana que se iba a Valencia para obtener la nacionalidad española con una boda concertada por dinero. La juez va a continuar interrogando a sospechosos de la red de matrimonios de conveniencia durante la próxima semana.