La intención del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, de limitar los contratos de extranjeros en origen con la intención de que éstos se «aproximen al punto cero» en 2009 ha chocado con la rectificación de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, quien ayer dejó claro que el año que viene «habrá las contrataciones en origen que se necesiten» y que no habrá ningún cambio en la política de extranjería.
«No parece razonable que en un mercado como el español, con 2,5 millones de desempleados, sigamos recurriendo a la contratación en origen», señaló Corbacho el pasado miércoles. Tras el Consejo de Ministros, De la Vega restó ayer importancia a las palabras del titular de Trabajo e Inmigración y aseguró que sus declaraciones no suponen un cambio en la política de inmigración . «No hay ninguna iniciativa distinta», remarcó. «Llevamos ya casi cinco años promoviendo una política de inmigración legal y ordenada, que está relacionada con el mercado laboral y se instrumenta en acuerdos de cooperación y colaboración con los países emisores y los países de tránsito de la inmigración a través de convenios internacionales», explicó De la Vega, que señaló que la contratación en origen «se ha mostrado como una buena herramienta para lograr el objetivo de una inmigración legal y ordenada». Por ello, el Gobierno va a seguir «en la misma línea».
Tras ser enmendado por De la Vega, Corbacho rectificó. «Estoy totalmente de acuerdo con la vicepresidenta. Nunca he dicho de liquidar las contrataciones en origen, que se han demostrado el mejor instrumento para la regularidad de los flujos migratorios», subrayó.
Así, Corbacho matizó que sus palabras fueron que «las contrataciones en origen se corresponden con un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura» y que, con 2,5 millones de parados «muchos de ellos extranjeros», parece «razonable» que los puestos se cubran por el mercado español». «Alguna cosa tuve que decir mal, uno nunca es perfecto, en absoluto he dicho querer suprimir la contratación en origen» subrayó ayer el ministro. El líder del PP, Mariano Rajoy, advirtió de que «liquidar» la contratación de inmigrantes en origen supondría «liquidar la inmigración legal». Desde IU, Gaspar Llamazares acusó a Corbacho de ser «un propagandista de la xenofobia» y de dedicarse a «culpabilizar» a los inmigrantes del aumento del paro para «exculpar la responsabilidad del Gobierno». Añadió que el ministro buscó «la utilización de la inmigración como si fuera el chivo expiatorio de la crisis ».
El Gobierno francés de Nicolas Sarkozy y el español de José Luis Rodríguez Zapatero llevan cuatro meses estudiando una propuesta común para un pacto europeo sobre inmigración: el borrador es un texto de apenas cinco folios que Francia envió a España en enero y en el que se apuesta por el control estricto de las fronteras y la “selección” de los inmigrantes. También por imponer a los extranjeros un contrato de integración -estarían obligados a aprender el idioma y las costumbres del país- similar al que el PP defendió en España durante la pasada campaña electoral. El PSOE lo rechazó entonces y lo rechaza ahora, según fuentes del Gobierno, que no se pronunciaron sobre el resto del plan Sarkozy. 
El consejero de Inmigración y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana, Rafael Blasco, anunció ayer que la Ley de Integración del Inmigrante que está preparando el Ejecutivo de Francisco Camps, incluirá un compromiso de integración. ‘Los inmigrantes deberán asumir nuestro modelo de convivencia y nuestra escala de valores’, dijo Blasco.
Efe. El presidente del Gobierno español y candidato socialista a la reelección en los comicios del próximo domingo, José Luis Rodríguez Zapatero, descarta, si revalida el cargo, realizar nuevas