(EUROPA PRESS)

Las inmigrantes clandestinas víctimas en España de explotación sexual tendrán un plazo de 30 días para decidirse a denunciar sin que “en ningún caso” se las pueda expulsar del territorio y recibirán apoyo legal y económico durante su deliberación, según el borrador del Plan Integral contra la Trata de personas que presentó ayer en Madrid la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.

Aunque aún está por precisar la cuantía económica que percibirán las víctimas durante este “periodo de reflexión” o el modo en que serán protegidas, Aído señaló que el objetivo es que “estén perfectamente atendidas” y que “se sientan con una mayor libertad” para colaborar con la justicia en la persecución de los explotadores.

Aído, que se reunió ayer con representantes de ONG especializadas en la materia para presentar los detalles de la iniciativa, adelantó además que las víctimas podrán recibir asistencia letrada gratuita con intérpretes en su idioma así como medidas especiales de protección tanto para las denunciantes como para sus testigos.

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