Oct. 07
El pasado 2 de Octubre el Congreso aprobó, con el respaldo mayoritario de los grupos, excepto PP e IU-ICV, el decreto del Gobierno que permitirá a los inmigrantes sin trabajo que retornen voluntariamente cobrar la prestación por desempleo en dos plazos, el 40% en España y el 60% en el país de origen.
Según los cálculos de Corbacho, unos 100. inmigrantes desempleados solicitarán esta prestación antes de retornar a sus países.El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, calculó hoy que entre 8.700 y 13.050 inmigrantes en paro se acogerán al decreto de retorno voluntario puesto en marcha por el Gobierno para que este colectivo pueda capitalizar la prestación de desempleo a la que tienen derecho y volver a su país de origen si no tienen “esperanzas de encontrar trabajo en un futuro próximo”.
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Oct. 07
Está claro que la Inmigración en España es un fenómeno de radical importancia. Desde hace algún tiempo se han estado creando oficinas específicas para atención al inmigrante en muchas localidades españolas, nuestro Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ahora se llama Ministerio de Trabajo e Inmigración, etc.
Un ejemplo del papel que juegan los inmigrantes en nuestra sociedad es la creación de concejalías especificas de inmigración.
En la localidad de Torrejón se ha creado una Concejalía de Inmigración como ejemplo de todo esto. Os dejamos la noticia de “Gacetas Locales”.
Torrejón estrena Concejalía de Inmigración
El consejero de Inmigración de la Comunidad, Javier Fernández-Lasquetty y el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, inauguraron la nueva Concejalía de Inmigración de la localidad.
Torrejón de Ardoz estrenó la Concejalía de Inmigración, un paso más en la integración de los extranjeros en el municipio.
El consejero de Inmigración, Javier Fernández-Lasquetty, acompañó al alcalde de la localidad, Pedro Rollán, en la inauguración de este órgano que se encargará en adelante de las políticas de inmigración de Torrejón de Ardoz. Read the rest of this entry »
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Sep. 27
elpais
Los ministros de Trabajo e Interior de la Unión Europea ultimaron ayer un acuerdo para crear la tarjeta azul, un instrumento que pretende atraer inmigrantes altamente cualificados profesionalmente. El objetivo es hacer más atractivo el mercado laboral europeo ampliando y reforzando los derechos de los trabajadores especializados procedentes de terceros países.
Los contratos en España deberán superar los 33.000 euros brutos al año
Aunque el ministro francés de Inmigración, Brice Hortefeux, aseguró que “la tarjeta azul no es la tarjeta verde de Estados Unidos”, lo cierto es que la propuesta europea es una respuesta a la iniciativa del otro lado del Atlántico para captar a los mejores profesionales de todo el mundo.
La contratación de inmigrantes continuará siendo una competencia de cada Estado miembro en función de las necesidades y acuerdos con terceros países, como recordó ayer el ministro de Interior de Alemania, Wolfgang Schäuble. Sin embargo, con la tarjeta azul se refuerzan y amplían los derechos de los extranjeros cualificados con el objetivo de competir con la oferta estadounidense. Así, a los trabajadores que hayan cumplido 18 meses de residencia en un país se les permitirá trabajar en otros países de la Unión, con la única limitación administrativa de que no se rebasen las cuotas establecidas por cada Estado. Entre la ampliación de derechos, destaca la posibilidad de que estos inmigrantes escogidos tengan derecho a la reunificación de su familia y que sus miembros tengan también acceso al mercado de trabajo.
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Sep. 21
La titular del juzgado de Instrucción número veinte de Valencia ha imputado a un funcionario de la Subdelegación de Gobierno de Valencia por su presunta implicación en una trama de bodas de conveniencia. El acusado, que ya ha prestado declaración en el juzgado, trabaja en la Oficina de Extranjeros de Valencia que se encarga de conceder certificados de matrimonio.
La juez ha imputado al acusado porque fue grabado hablando por teléfono con el supuesto cabecilla de la red, según confirmaron fuentes cercanas al caso. El imputado insistió en su declaración en que sólo es un “ordenanza” y que no tiene acceso a los ordenadores ni “a la clave para poder entrar a la aplicación de extranjería”.
La magistrada del caso mantiene imputadas a diecisiete personas por su supuesta implicación en una red que concertaba matrimonios de conveniencia. La policía sospecha que la trama arregló más de un centenar de bodas entre españoles e inmigrantes que necesitaban regularizar su situación en España.
La banda, según los primeros indicios que maneja la policía, cobraba más de 12.000 euros por gestionar un matrimonio civil y también se ocupaba a los dos años de tramitar el divorcio a cambio de más dinero.
El grupo también estafaba a inmigrantes a los que prometía conseguir documentos por el procedimiento de arraigo sin llegar a tramitar las solicitudes.
La Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificación de la policía -Ucrif- intervino seiscientos expedientes a la banda por lo que el fraude puede ser mucho mayor. La trama, presuntamente dirigida por un gestor que responde a la identidad de Juan José C. F., fue descubierta a raíz de otra investigación por tráfico de drogas en Madrid. Los policías madrileños tenían intervenido el teléfono de uno de los sospechosos de nacionalidad colombiana que se iba a Valencia para obtener la nacionalidad española con una boda concertada por dinero. La juez va a continuar interrogando a sospechosos de la red de matrimonios de conveniencia durante la próxima semana.
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