«Hay que denunciar». Las mujeres no se cansas de oir esta frase en los medios de comunicación en boca de políticos. Y es así, hay que denunciar, pero el problema es que no todas las mujeres pueden hacerlo. A día de hoy, las inmigrantes que residen en nuestro país y que se encuentran en situación irregular, si sufren malos tratos, no denuncian. Y tienen sus motivos.
Aunque directamente no se expulsa a una mujer, aunque esté en situación irregular, si acude a denunciar una paliza, la Policía sí cuenta con una circular interna que los obliga a sustituir el inicio de un expediente de expulsión por una multa. «Hablamos de personas que no pueden trabajar, porque no tienen papeles y que, por tanto, no tienen disponible para poder asumir esa multa», explica la fiscal, Gracia Rodríguez Velasco.
Para poner fin a esta situación, que «nos está haciendo ver que cada vez hay menos denuncias por parte de mujeres inmigrantes, aunque las agresiones son cada vez más violentas», Fiscalía, Seguridad Social y Subdelegación, además de otras administraciones, se han reunido a nivel provincial para establecer un protocolo de actuación que permita regularizar a las mujeres sin papeles que sufran agresiones. «Deben tener una sentencia condenatoria, porque si el protocolo se iniciara sólo con denunciar podría producirse abuso y no sería tampoco justo», dice la fiscal.
Con todo ello lo que se pretende es quitar el miedo a esas mujeres, «que viven amenazadas por sus compañeros, que las convencen de que si denuncian las echarán del país». Además de equiparar los derechos de estas mujeres a los de las españolas, para que puedan acceder además a una serie de ayudas.
Pero para conseguir esto también es importante que las propias mujeres lo sepan. La fiscal participó ayer como ponente en las jornadas que organizaron varios colectivos de inmigrantes sobre la violencia de género. En su ponencia explicó con detalles esta nueva medida.
