El Foro Galego de Inmigración exige una política “activa, con recursos suficientes” por parte de la Administración autonómica hacia el colectivo inmigrante de Galicia, para tratar de conseguir “una sociedad intercultural con derechos iguales para todos”.

En un comunicado, y tras expresar su repulsa al que califica como “terrible proceso de expulsión organizada de población inmigrante rumana y búlgara de etnia gitana por parte del Gobierno francés“, el foro destaca que continuarán sus acciones de formación, consulta y asesoramiento durante el próximo curso 2010-2011.

También seguirá desarrollando campañas educativas y, el próximo 26 de septiembre, en la Alameda de Santiago de Compostela, organizará el segundo gran festival intercultural, en el que se leerá un manifiesto de solidaridad con las personas inmigrantes.

“Durante los últimos meses asistimos a un deterioro general de los derechos y condiciones de vida de las personas inmigrantes a nivel global”, denuncia, en alusión a hechos como los de Francia y la frontera erigida entre México y Estados Unidos.

Asimismo, informa de que la VI Asamblea galega de inmigración y emigración de retorno –”el gran espacio de encuentro” del Foro Galego de Inmigración– se desarrollará en la primavera del año que viene.

Europa Press

Los extranjeros residentes en España suponen el 12,3 por ciento de la población, casi el doble que la cifra conjunta de la Unión Europea (6,4 por ciento), según datos publicados hoy por Eurostat, la oficina de estadística comunitaria. Las estadísticas difundidas hoy revelan que a fecha de 1 de enero de 2009 había 31,9 millones de ciudadanos extranjeros en los países de la Unión Europea (UE), de los que 11,9 millones eran comunitarios trasladados a otro Estado miembro y el resto procedía de países extracomunitarios.

En España, había 5,65 millones de personas con otra nacionalidad, de los que 2,27 millones (5 por ciento de la población) procedían de otro miembro de la UE, mientras que los 3,37 millones restantes (7,4 por ciento) habían llegado de un país extracomunitario.

En el conjunto de la UE, un 2,4 por ciento de la población (11,94 millones de ciudadanos) provenían de otro Estado miembro y un 4 por ciento (19,9 millones) de fuera de los Veintisiete.

En cifras absolutas, España es, después de Alemania (con más de siete millones de extranjeros), el país de la UE que más residentes foráneos acoge, seguido del Reino Unido, Francia e Italia.

Los países que registran el menor número de residentes extranjeros son Bulgaria (23.800) y Malta (18.100).

En proporción al total de habitantes del país, Luxemburgo (43,5 por ciento), y Letonia (17,9 por ciento) son los países con mayor porcentaje de extranjeros, mientras que Bulgaria (0,3 por ciento) y Polonia (0,1 por ciento), registran las cifras más bajas.

En cuanto a los ciudadanos europeos que deciden mudarse a otro país de la UE, son los rumanos (2 millones), polacos (1,5 millones) e italianos (1,3 millones) los que más se desplazan.

Turcos (2,4 millones), marroquíes (1,8 millones) y albaneses (un millón) son los residentes no comunitarios más numerosos en los Veintisiete.

Según Eurostat, la media de edad de los residentes extranjeros en la UE era significativamente más baja que la media de nacionales, (34,3 años frente a 41,2), excepto en Estonia, Letonia y Polonia.

Las diferencias más notorias entre la media extranjera y la nacional se registraron en Italia (32,3 años frente a 43,9), Finlandia (33 contra 42,1) y Dinamarca (32,1 años frente a 41).

Fuente: diarodenavarra

“Si todo el mundo habla catalán, ¿por qué nosotros no?”. Esta es la pregunta que lanza el presidente de la Asociación de Trabajadores Paquistaníes de Cataluña, Javed Ilyas, a la defensora del pueblo, después de que esta haya recurrido ante el Tribunal Constitucional la Ley de Acogida de Inmigrantes, que consagra el catalán como lengua “preferente” para su integración. El representante paquistaní anunció que su asociación, junto a otros colectivos de extranjeros no comunitarios, están preparando un acto público conjunto en defensa de la ley.

“Con el catalán ganamos amigos y clientes”, afirma un colectivo paquistaní

En apoyo a la norma también se sumaron la Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña (Fedelatina) y la Asociación Catalana de Residentes Senegaleses. Ambas creen que el recurso de la defensora discrimina a los inmigrantes, que si no aprenden catalán estarían en peores condiciones para, por ejemplo, encontrar un puesto de trabajo.

La Ley de Acogida que ahora no convence a la defensora del pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, fue aprobada el 28 de abril con el apoyo de los grupos parlamentarios, excepto el Popular y Ciutadans. El texto establece el catalán como lengua de primera acogida de inmigrantes y les facilita cursos voluntarios para aprenderlo con vistas a obtener un certificado de integración, tras los cuales pueden optar a programas de castellano.

Javed Ilyas defendió que este precepto debe mantenerse para potenciar entre los inmigrantes el uso de la lengua propia de Cataluña, del mismo modo que en Pakistán él se expresa en el idioma de su territorio en lugar del urdu, oficial en todo el Estado. “El catalán nos permite hacer amigos y ganar clientes”, explicó ayer. El representante paquistaní insistió en que es natural hablar la lengua de un territorio. “Si no, todos perderíamos una cultura”, aseveró. “La mejor manera de integrarse en el lugar donde vives es aprender la lengua que allí se habla”.

El presidente de Fedelatina, Javier García Bonomi, valoró que el catalán es una herramienta de integración “fundamental” y un derecho para todos los ciudadanos, y subrayó la importancia que tiene que los inmigrantes hagan un uso “normalizado” del mismo. El recurso de la defensora supone, en su opinión, “un agravio hacia los inmigrantes y una falta total de sensibilidad y de respeto hacia el pueblo catalán”. “Me preocupa que no se esté respetando la voluntad de las entidades y del pueblo”, insistió. Y reiteró que el recurso ante el Tribunal Constitucional “da la espalda a una realidad objetiva: que el catalán es la lengua de preferencia en Cataluña” sin perjuicio del castellano.

Por su parte, el presidente de la Asociación Catalana de Residentes Senegaleses, Mawa Ndiayi, se mostró disconforme con la decisión de recurrir la ley porque no responde a una demanda de los inmigrantes y recordó que su entidad fue una de las que participó en la elaboración de la normativa. “Nos parece bien que la acogida se haga en catalán para poder usarlo con toda normalidad”, señaló. “Saber usarlo es una riqueza y una forma de respeto hacia la sociedad de acogida”, sentenció.

Según prevé la Ley de Acogida, los inmigrantes obtendrán un certificado oficial tras cursar un itinerario formativo, que acreditará la integración para los trámites de arraigo social, renovación de las autorizaciones de residencia temporal, de acceso a la nacionalidad por residencia así como al mercado de trabajo.

El diputado en el Parlament del Grupo Mixto e impulsor de la iniciativa contra la norma, José Domingo, explicó que la defensora del pueblo en funciones recurrió la ley el 13 de agosto ante el Constitucional, aunque el diputado había trasladado el texto ya en mayo a la institución, cuando ocupaba el cargo Enrique Múgica. Según María Luisa Cava, la ley debía recurrirse tras la sentencia del Constitucional del Estatuto que suprimió el carácter “preferente” del catalán en la Administración y en los medios de comunicación públicos.

http://avui.elpunt.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/209198-els-immigrants-defensen-la-llei-dacollida.html

Decenas de miles de personas salieron ayer a la calle en las ciudades más importantes de Francia para protestar contra la nueva política de expulsión de gitanos desarrollada por el Gobierno del presidente Nicolas Sarkozy. La manifestación más numerosa se celebró en París, donde unas 50.000 personas, según la organización, y 12.000, según la policía, secundaron las protestas contra la política “xenófoba” oficial.

El gobierno francés expulsó en agosto a varios cientos de personas de etnia gitana a Rumanía y Bulgaria, sus países de origen. Varios Estados de la Unión Europea y la Iglesia Católica expresaron su preocupación y consideraron que este tipo de política viola los derechos comunitarios de la libre circulación y de la no discriminación.

Las marchas estaban convocadas por un centenar de organizaciones sociales, que recibieron el apoyo de sindicatos y partidos de izquierda. Una delegación de los manifestantes compuesta por cantantes, escritores y cineastas fue recibida por representantes del Ministerio de Inmigración en la sede de este departamento. La reunión no sirvió para hacer recapacitar al Gobierno presidido por Nicolas Sarkozy si hay que atenerse a las declaraciones de Richard Moyon, portavoz de Red para la Educación sin Fronteras, que la calificó como “un diálogo de sordos”.

La manifestación en la capital gala estuvo encabezada simbólicamente por las familias gitanas del campamento de Choisy-le-Roi, uno de los asentamientos desmantelados por las autoridades a mediados de agosto.

Otras 130 manifestaciones y actos de protesta se celebraron en distintas ciudades de Francia, como en Burdeos, donde unos 3.500 manifestantes se encargaron de inaugurar la jornada de protesta por la mañana. La marcha estaba encabezada por una gran pancarta que llevaba el lema “Alto al racismo. Libertad, igualdad, fraternidad en peligro“.

Las marchas se repitieron en Montpellier (entre 500 y 1.000 manifestantes), Perpiñán (entre 400 y 800 personas) o Toulouse (entre 1.000 y 3.000), donde se coreó el lema Arvernos -gentilicio del departamento donde se enclava la ciudad-, magrebíes, somos todos ciudadanos.

También se registraron manifestaciones por este motivo en grandes urbes europeas, como Roma, Bruselas, Madrid o Barcelona.

La opinion coruña

Hace algún tiempo que Parainmigrantes.info viene informando de los acuerdos que España ha ido celebrando con distintos países para que sus nacionales que sean residentes en territorio español puedan votar en las elecciones municipales. El gobierno ya ha dado los requisitos para la inscripción en los censos electorales a nacionales de Colombia, Chile, Ecuador, Noriega, Paraguay, Perú y Nueva Zelanda, que son los que, por el momento, podrán ejercer su derecho al voto, tal y como recogió la agencia Europa Press.

El Gobierno ha detallado en una orden ministerial los requisitos para que los extranjeros puedan solicitar la inscripción en el censo que se utilizará en las elecciones municipales de finales de mayo de 2011, culminando así el proceso iniciado en 2008 para fomentar la participación de inmigrantes en los comicios locales.

Hasta ahora, sólo los nacionales de países de la Unión Europea y los de Noruega podían votar en las elecciones municipales españolas pero en 2008 el Gobierno emprendió una ofensiva diplomática con distintos países para negociar convenios bilaterales que favoreciesen la participación electoral de sus nacionales con residencia en España.

Se abrió un proceso de negociación de acuerdos bilaterales con una quincena de países cuya legislación permite votar a los extranjeros, dado que la Constitución, en el segundo párrafo del artículo 13, condiciona la inscripción censal de otros extranjeros a la reciprocidad –que sus países permitan votar a nuestros emigrantes en elecciones similares–.

En esa relación de países figuraban Colombia, Perú, Argentina, Islandia, Trinidad y Tobago, Ecuador, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Paraguay, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Uruguay, Bolivia y Venezuela. Por contra, quedaron fuera otros 120 países, algunos con importante presencia inmigrante en nuestro país como Marruecos, Brasil, México o República Dominicana, porque su legislación impide votar a los extranjeros.

El Ministerio de Asuntos Exteriores calculaba entonces que los convenios negociados afectan a una población global de algo más de un millón de personas que tendrían 18 años en 2011 si bien sólo unas 650.000 podrían estar ya en condiciones de votar en esos comicios locales, pues son las que habrían cumplido la condición que pone España en los convenios, que es haber cumplido cinco años de residencia en nuestro país.

Eso sí, entre ellos también están parte de los 300.000 iberoamericanos que han adquirido la nacionalidad española en los últimos años y que votarán en las municipales como tales, no por los convenios bilaterales.

Las gestiones diplomáticas posibilitaron sellar once convenios y dejaron cerrada la negociación de otros tres, sólo pendientes de firma. Después se ha ido procediendo a la ratificación parlamentaria, tanto en España como en el otro país firmante.

En la orden ministerial, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y recogida por Europa Press, el proceso para solicitar la inscripción se abre formalmente a nacionales de Colombia, Chile, Ecuador, Noriega, Paraguay, Perú y Nueva Zelanda.

No obstante, la inscripción también podrá ser solicitada por extranjeros de otros países con acuerdos que vayan a entrar en vigor en los próximos meses, siempre antes de que expire el plazo para registrar las peticiones (del 1 de diciembre al 15 de enero de 2011).

Para poder inscribirse en el censo electoral, además de ser mayor de 18 años se requerirá estar inscrito en el Padrón Municipal, tener permiso de residencia en regla y haber vivido legalmente en España los años exigidos en el convenio (cinco años, aproximadamente).

La Oficina del Censo Electoral, dependiente del Instituto Nacional de Estadística (INE), podrá enviar una comunicación a los extranjeros que cumplen estas condiciones para que se registren pero también ellos podrán presentar su solicitud unilateralmente sin esperar el aviso del INE.

En la orden también se determina que las inscripciones en el censo serán válidas “exclusivamente” para las elecciones municipales de 2011 ya que los extranjeros no pueden votar en los demás procesos electorales y para las siguientes municipales, en 2015, habrá de abrirse otro proceso de solicitudes dado que se trata de un colectivo variable que, en cuatro años, puede haber cambiado de residencia o incluso haber abandonado el país.

Europa Press.- El presidente de la Asociación hispano-ecuatoriana ‘Rumiñahui‘, Raúl Jiménez, ha dado un “aprobado” al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho tras su anuncio de salida del Gobierno porque los “canales de comunicación” entre su ministerio y las organizaciones sociales “siempre han estado abiertos”, a la vez que esperan que su sucesor “continúe en esta línea”.

Jiménez, que considera que los cambios son “necesarios”, recuerda en declaraciones a Europa Press, que Corbacho “sacó adelante la reforma de la Ley de Extranjería y logró consensuarla con las organizaciones sociales” a través del “diálogo” y a pesar de tener que lidiar al mismo tiempo con “una situación difícil de crisis mundial y de desgaste”.

El PP aboga por limitar el flujo de inmigrantes y priorizar a «los que comparten con nosotros cultura y valores».

El PP quiere que el debate sobre la inmigración tenga protagonismo en esta precampaña y quiere, además, hablar claro. «Muchos lo pensamos, sólo algunos lo decidimos» es el lema de una campaña que los populares lanzarán en breve mediante la distribución de miles de dípticos. El PP se propone demostrar que comparte muchas ideas con la mayoría de ciudadanos sobre la gestión de la inmigración. De ahí que haya optado por proponer un test de 10 preguntas con las que intenta evidenciar que su política sobre extranjería está llena de sentido común.

«¿Cabemos todos?», se pregunta en el folleto. «Tenemos que adaptar la inmigración a la realidad de nuestra economía y mercado laboral. ¿No crees que Cataluña y España no pueden absorber más inmigrantes de manera ilimitada», dice el folleto. A partir de esta fórmula, los populares exponen sus planteamientos en inmigración. Abogan por cumplir la ley, por integrar en base a derechos y deberes, por priorizar «la inmigración que comparte con nosotros nuestras normas de convivencia» (derechos de la mujer) y por reforzar la seguridad expulsando a los extranjeros que delinquen sistemáticamente.

El PP también apuesta por que ni El Prat, ni los Pirineos sean la puerta de entrada de la inmigración irregular en Europa y, por tanto, por aumentar el control de las fronteras españolas.

También por regular el uso de prendas como el burka y del niqab para evitar problemas de seguridad y combatir el machismo. Asimismo, los populares son partidarios de racionalizar las políticas sociales para que las políticas de integración sean compatibles con el mantenimiento de ayudas y becas a las familias. También lanzan un mensaje de reconocimiento a todos aquellos inmigrantes que han trabajado duro y pagan sus impuestos. Y, finalmente, abogan por apuntalar impedir «que nadie demonice la exigencia del cumplimiento de la ley, de la condena del efecto llamada o del control de las fronteras».

A lo largo de esta legislatura, la inmigración ha estado en el centro de la polémica por decisiones como la varios municipios que optaron por no empadronar a los «sin papeles».

Fuente: larazón

Parainmigrantes.info te explica que NO es posible solicitar autorización de residencia por arraigo social en el caso de que el ciudadano extranjero no acredite la estancia continuada en España de al menos tres años anteriores a la solicitud.

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Son muchos los inmigrantes residentes legales en nuestro país que deben renovar su autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena en estos meses. Te dejamos una guía con todo lo que debes saber para afrontar con éxito este trámite. Para cualquier duda, busca un profesional que te asesore. Suerte. Lee el resto de la entrada »

Establecido por decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 21.430 de 1949.

En esta fecha se recuerda el 4 de Septiembre de 1812 cuando el primer Triunvirato firmó un decreto que decía “(…) el gobierno ofrece su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio (…)”

La Constitución de 1853 en su Prólogo, también hace referencia a “todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino”. La llegada de los inmigrantes al país respondió a patrones mundiales de flujos de población. La mayoría de ellos abandonó su patria lanzándose literalmente a la aventura, pues ignoraban casi todo de su lugar de destino.

Más información:

En 1853 se sancionó la constitución cuyo artículo 25 decía: “El Gobierno Federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes”.

Los presidentes Mitre de 1862 a 1868, Sarmiento de 1868 a 1874 y Avellaneda de 1874 a 1880 fueron quienes más fomentaron la inmigración, lograron el afianzamiento del orden institucional de la república unificada y el cambio total de la estructura social y económica de la nación.

La República comenzó a atraer inmigrantes a los que se les ofrecían facilidades para su incorporación al país, pero sin garantizarles la posesión de las tierras; así lo estableció la ley de colonización de 1876, que reflejaba la situación del Estado frente a la tierra pública.

Primeras colonias

Las primeras colonizaciones comienzan bajo el gobierno de Urquiza. En 1855 el médico francés Augusto Brougnes firma un contrato con el gobierno de la provincia de Corrientes, comprometiéndose a traer 1000 familias de agricultores europeos en el plazo de 10 años. Según el convenio, a cada familia correspondería una extensión de 35 hectáreas de tierra para cultivo, y se le proporcionaría harina, semillas, animales e instrumentos de labranza. En 1855 arribaron, creándose centros en Santa Ana, Yapeyú y en las proximidades de la ciudad de Corrientes.

En 1875 se crea la Comisión General de Inmigración, y en 1876 se dicta la ley N° 761, denominada Ley de Inmigración y Colonización.

La primera colonia estable es Esperanza, fundada en 1865 por Aarón Castellanos, en Santa Fe. Sus colonos eran en su mayor parte de origen suizo, aunque los había franceses y alemanes.

Los colonos traídos par Juan Lelong fundaron en Entre Ríos una colonia en el paraje denominado Calera de Espiro.

En 1857 Urquiza fundó también en Entre Ríos la colonia San José.

Baradero se convirtió en asiento de una de las primeras colonias, fundada por diez familias suizas, el 4 de febrero de 1856.

Las primeras colonias de galeses se instalaron en Puerto Madryn, en 1865. En 1878 se fundaron colonias en Resistencia (provincia de Chaco).

La colonización no siempre fue orgánica, pues en muchos casos los colonos, por falta de organización, sufrieron verdaderas penurias, cuando no se habían tomado las medidas necesarias para recibirlos.

En 1880 se acentuó el carácter de aluvión del “poblamiento” del país.

Las magníficas posibilidades de la República Argentina, las guerras y dificultades europeas atrajeron una fuerte corriente inmigratoria. Por ejemplo: los españoles aparecieron después de 1900. La crisis agrícola de España y la pérdida de los mercados coloniales por las guerras de 1898 en las que España perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas provocaron un problema ocupacional y económico muy serio a los españoles. Esto contribuyó a que buscaran nuevos horizontes.

El saldo inmigratorio fue de 76.000 inmigrantes en la década del 60 al 70 y de 85.000 en la década del 70 al 80. La distribución tuvo una tendencia definida y la corriente inmigratoria se fijo preferentemente en la zona del litoral y en las grandes ciudades. Solo pequeños grupos se trasladaron al centro y al oeste del país.

Así comenzó a acentuarse intensamente la diferenciación entre el interior del país y la zona del litoral, antes contrapuestas por sus recursos económicos y ahora por diferencias demográficas y sociales. Para tener una idea aproximada de lo que se entiende por este “enorme flujo de inmigrantes” , tenemos que entre 1886 y 1870 el país recibió 160.000 inmigrantes mientras que entre 1881 y 1890 la cantidad de inmigrantes fue de 841.000 .

Esta inmigración fue predominantemente de origen latino: español e italiano. Posteriormente ingresan grandes contingentes de turcos, árabes, sirios y griegos. Los primeros inmigrantes árabes de Siria y Líbano ingresaron a fines del siglo XIX, en 1880, pero la primera ola inmigratoria importante fue entre principios del siglo XX y fines de la Primera Guerra Mundial.

La construcción del ferrocarril creó una importantes fuente de trabajo para los inmigrantes y desencadenó un cambio radical en la economía del país. Buenos Aires fue la principal beneficiaria del nuevo desarrollo económico. La ciudad se europeizó en sus gustos y en sus modas: población cosmopolita, con arquitectura renovadora, con minorías cultas y activo su puerto. La capital ponía de manifiesto todos los rasgos del cambio que se llevaba a cabo en el país.

Así la Argentina creció en forma notable desde 1869 hasta 1914.

En 1869 contaba con 1.737.676 habitantes, en 1895 había 3.954.961 y para 1914 tenía 7.885.237 habitantes.

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