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La iniciativa tuvo el voto en contra del PSOE
El Pleno del Senado aprobó este miércoles, con la oposición del PSOE, ERC e IU-ICV la admisión a trámite de una Proposición de Ley de Coalición Canaria de Medidas de Lucha contra la Inmigración clandestina en la que se proponen distintas modificaciones legislativas, como que el Estado asuma la tutela de los menores inmigrantes que entren en España irregularmente, la creación de juzgados especiales de Extranjería o el incremento de los plazos de internamiento en los
Aunque en casi todos los grupos se estima prácticamente imposible que la Ley pueda tramitarse en ambas Cámaras y aprobarse antes de que finalice la legislatura, al menos sí deberá abrirse dentro de unos días un plazo para la presentación de enmiendas a la iniciativa, para lo que recibió 106 votos a favor y 96 en contra debido a la diferente correlación de fuerzas existente en el Senado respecto al Congreso.
La novedad respecto a otras iniciativas de CC aprobadas en el Senado con el voto en contra del PSOE es que en esta ocasión no se trata de mandatos al Gobierno como los contenidos en mociones o Proposiciones No de Ley, sino de una iniciativa legislativa.
La senadora del PSOE por Tenerife Patricia Hernández aseguró que la propuesta contiene medidas “inadmisibles” y que atentan “contra los Derechos Humanos” y se preguntó qué hubiera pasado “si a los canarios que se fueron a Venezuela se les hubiera negado asistencia sanitaria o se hubieran creado juzgados para ellos”.
“No me gustaría que le hubieran hecho esto a mis abuelos”, manifestó Hernández antes de que el representante del grupo que representa al tripartito catalán de PSC, ERC e ICV (Entesa Catalana de Progrés) consideró “una cuestión de principio” no admitir siquiera a trámite la discusión de una propuesta que contempla la creación de juzgados especiales.
La propuesta también incluye medidas para impedir el fraude en el padrón municipal de los inmigrantes irregulares, eliminar el permiso de residencia por arraigo laboral y del visado de búsqueda de empleo y modificar el Código Civil en materia de nacionalidad para evitar los matrimonios de conveniencia.
La tramitación de la iniciativa fue entusiastamente defendida por el PP, cuya senadora por Gran Canaria Carmen Guerra aprovechó un rifirrafe del debate para defender la actuación de la Comunidad de Madrid en la acogida de inmigrantes desde Canarias -que fue cuestionada varias veces por el Gobierno en el día de hoy- y decir que acoge al 68 por ciento de los 21.600 inmigrantes que llegaron a Canarias en el último año.
El senador de CC por la Comunidad Autónoma Alfredo Belda subrayó que los aspectos de la iniciativa en que los grupos no estén de acuerdo pueden ser modificados en el trámite del proyecto, una postura a la que se sumaron CiU y el PNV para sumarse a la tramitación, pues, según dijo la senadora vasca Elena Etxegoyen “podemos cambiarlos de arriba abajo”.
“Queremos hechos y no palabras”, dijo en este sentido Belda tras subrayar la importancia que a su juicio tiene que empiece a debatirse la iniciativa, aunque al encontrarse la legislatura en el trámo final no pueda finalmente aprobarse.
La iniciativa de CC también contempla la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para facilitar la persecución de las mafias que trafican con personas conforme al “principio de universalidad”, la presentación por el Gobierno, tres meses después de su hipótetica aprobación, de un Plan de Control de Fronteras, el establecimiento de restricciones de entrada a los inmigrantes que ya hayan sido expulsados una vez, y el establecimiento de un debate periódico en el Congreso de los Diputados sobre la materia.
También se fijan medidas de cooperación entre las distintas Comunidades Autónomas y el “reparto equitativo” de lso inmigrantes en caso de que una de ellas supere la capacidad de acogida.
Además, se establecen medidas para el establecimiento de cupos o contingentes especiales de trabajadores africanos, primando a los países cercanos a Canarias y la creación de una Agencia Especializada en Migraciones.
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Las inmigrantes clandestinas víctimas en España de explotación sexual tendrán un plazo de 30 días para decidirse a denunciar sin que “en ningún caso” se las pueda expulsar del territorio y recibirán apoyo legal y económico durante su deliberación, según el borrador del Plan Integral contra la Trata de personas que presentó ayer en Madrid la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.