El Partido Popular (PP), la principal bancada de oposición en España, continúa su proyecto de expansión en Ecuador.

Alfredo Prada, director de la formación política en el exterior, constituyó ayer en Quito la segunda Comisión Gestora del PP en el país con el apoyo de 50 simpatizantes.

La primera se forjó a principios del 2010 en Guayaquil, donde cuenta con más de 100 afiliados. La tercera se localizará en Manta a mediano plazo.

La colonia de españoles en Ecuador ronda las 5.000 personas. “Queremos potenciar la presencia del PP y escuchar las inquietudes de los ciudadanos”, explica Prada.

“No vamos a inmiscuirnos en la política interna. Atenderemos las reivindicaciones de nuestros compatriotas en su condición de españoles residentes en el exterior; no, como residentes en Guayaquil o Quito”, aclaró.

Este abogado español que ocupó los cargos de vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, no esconde su interés por sumar electores de cara a las futuras elecciones municipales en el 2011 y las generales en el 2012. “Si conocemos su problemática podemos plasmar soluciones en nuestros programas electorales”.

Fuera de la península Ibérica residen 1,2 millones de españoles, cuyas principales demandas son, según Prada, “disponer de la tarjeta sanitaria, que se incremente la cuantía de las pensiones asistenciales y que se solucionen los defectos burocráticos que impiden a nietos e hijos de españoles acceder a la nacionalidad”.

Prada arriba con propuestas para atender los casos de violencia de género o la necesidad de los jóvenes que buscan más oportunidades de formación y acceso a las universidades y al mercado laboral español.

A la hora de dibujar el retrato de la población originaria del país europeo, el político identifica cuatro perfiles: los triunfadores en los ámbitos económico y social; quienes pasan penurias económicas y necesitan apoyo para subsistir; los profesionales que llegaron de la mano de empresas españolas; y los ecuatorianos que un día emigraron a España, obtuvieron la doble nacionalidad y regresaron a Madrid debido a la crisis económica.

El Universo.com

Después de la magnifica experiencia de la celebración de nuestras primeras Jornadas, el próximo jueves 16 de septiembre llevaremos a cabo las II JORNADAS ONLINE DE EXTRANJERIA E INMIGRACION DE PARAINMIGRANTES.INFO.

El día 16 de septiembre hablaremos de un tema que está preocupando a cientos de nuestros visitantes, el expediente de matrimonio mixto y la inscripción de matrimonios extranjeros en el registro civil español. Además, también trataremos el tema de la situación de las parejas de hecho de ciudadanos españoles. Haremos una exposición previa del tema y posteriormente pasaremos al turno de preguntas.

Para los que no pudieran asistir a la anterior cita, debéis saber que las Jornadas se realizan en directo a través de www.parainmigrantes.info, pudiendo participar directamente con tus comentarios y plantear consultas a los ponentes desde tu propio ordenador de casa.

En la última ocasión, más de 200 personas estuvieron de forma simulténea en nuestro chat participando en la jornadas y contándonos sus inquietudes. Para esta ocasión, y para que sea el mayor número de personas posible el que asista a las jornadas, estas se realizarán a partir de las 20,3o horas de la noche.

Comparte esta información entre tus amigos y esperamos tu asistencia.

Los extranjeros residentes en España suponen el 12,3 por ciento de la población, casi el doble que la cifra conjunta de la Unión Europea (6,4 por ciento), según datos publicados hoy por Eurostat, la oficina de estadística comunitaria. Las estadísticas difundidas hoy revelan que a fecha de 1 de enero de 2009 había 31,9 millones de ciudadanos extranjeros en los países de la Unión Europea (UE), de los que 11,9 millones eran comunitarios trasladados a otro Estado miembro y el resto procedía de países extracomunitarios.

En España, había 5,65 millones de personas con otra nacionalidad, de los que 2,27 millones (5 por ciento de la población) procedían de otro miembro de la UE, mientras que los 3,37 millones restantes (7,4 por ciento) habían llegado de un país extracomunitario.

En el conjunto de la UE, un 2,4 por ciento de la población (11,94 millones de ciudadanos) provenían de otro Estado miembro y un 4 por ciento (19,9 millones) de fuera de los Veintisiete.

En cifras absolutas, España es, después de Alemania (con más de siete millones de extranjeros), el país de la UE que más residentes foráneos acoge, seguido del Reino Unido, Francia e Italia.

Los países que registran el menor número de residentes extranjeros son Bulgaria (23.800) y Malta (18.100).

En proporción al total de habitantes del país, Luxemburgo (43,5 por ciento), y Letonia (17,9 por ciento) son los países con mayor porcentaje de extranjeros, mientras que Bulgaria (0,3 por ciento) y Polonia (0,1 por ciento), registran las cifras más bajas.

En cuanto a los ciudadanos europeos que deciden mudarse a otro país de la UE, son los rumanos (2 millones), polacos (1,5 millones) e italianos (1,3 millones) los que más se desplazan.

Turcos (2,4 millones), marroquíes (1,8 millones) y albaneses (un millón) son los residentes no comunitarios más numerosos en los Veintisiete.

Según Eurostat, la media de edad de los residentes extranjeros en la UE era significativamente más baja que la media de nacionales, (34,3 años frente a 41,2), excepto en Estonia, Letonia y Polonia.

Las diferencias más notorias entre la media extranjera y la nacional se registraron en Italia (32,3 años frente a 43,9), Finlandia (33 contra 42,1) y Dinamarca (32,1 años frente a 41).

Fuente: diarodenavarra

“Si todo el mundo habla catalán, ¿por qué nosotros no?”. Esta es la pregunta que lanza el presidente de la Asociación de Trabajadores Paquistaníes de Cataluña, Javed Ilyas, a la defensora del pueblo, después de que esta haya recurrido ante el Tribunal Constitucional la Ley de Acogida de Inmigrantes, que consagra el catalán como lengua “preferente” para su integración. El representante paquistaní anunció que su asociación, junto a otros colectivos de extranjeros no comunitarios, están preparando un acto público conjunto en defensa de la ley.

“Con el catalán ganamos amigos y clientes”, afirma un colectivo paquistaní

En apoyo a la norma también se sumaron la Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña (Fedelatina) y la Asociación Catalana de Residentes Senegaleses. Ambas creen que el recurso de la defensora discrimina a los inmigrantes, que si no aprenden catalán estarían en peores condiciones para, por ejemplo, encontrar un puesto de trabajo.

La Ley de Acogida que ahora no convence a la defensora del pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, fue aprobada el 28 de abril con el apoyo de los grupos parlamentarios, excepto el Popular y Ciutadans. El texto establece el catalán como lengua de primera acogida de inmigrantes y les facilita cursos voluntarios para aprenderlo con vistas a obtener un certificado de integración, tras los cuales pueden optar a programas de castellano.

Javed Ilyas defendió que este precepto debe mantenerse para potenciar entre los inmigrantes el uso de la lengua propia de Cataluña, del mismo modo que en Pakistán él se expresa en el idioma de su territorio en lugar del urdu, oficial en todo el Estado. “El catalán nos permite hacer amigos y ganar clientes”, explicó ayer. El representante paquistaní insistió en que es natural hablar la lengua de un territorio. “Si no, todos perderíamos una cultura”, aseveró. “La mejor manera de integrarse en el lugar donde vives es aprender la lengua que allí se habla”.

El presidente de Fedelatina, Javier García Bonomi, valoró que el catalán es una herramienta de integración “fundamental” y un derecho para todos los ciudadanos, y subrayó la importancia que tiene que los inmigrantes hagan un uso “normalizado” del mismo. El recurso de la defensora supone, en su opinión, “un agravio hacia los inmigrantes y una falta total de sensibilidad y de respeto hacia el pueblo catalán”. “Me preocupa que no se esté respetando la voluntad de las entidades y del pueblo”, insistió. Y reiteró que el recurso ante el Tribunal Constitucional “da la espalda a una realidad objetiva: que el catalán es la lengua de preferencia en Cataluña” sin perjuicio del castellano.

Por su parte, el presidente de la Asociación Catalana de Residentes Senegaleses, Mawa Ndiayi, se mostró disconforme con la decisión de recurrir la ley porque no responde a una demanda de los inmigrantes y recordó que su entidad fue una de las que participó en la elaboración de la normativa. “Nos parece bien que la acogida se haga en catalán para poder usarlo con toda normalidad”, señaló. “Saber usarlo es una riqueza y una forma de respeto hacia la sociedad de acogida”, sentenció.

Según prevé la Ley de Acogida, los inmigrantes obtendrán un certificado oficial tras cursar un itinerario formativo, que acreditará la integración para los trámites de arraigo social, renovación de las autorizaciones de residencia temporal, de acceso a la nacionalidad por residencia así como al mercado de trabajo.

El diputado en el Parlament del Grupo Mixto e impulsor de la iniciativa contra la norma, José Domingo, explicó que la defensora del pueblo en funciones recurrió la ley el 13 de agosto ante el Constitucional, aunque el diputado había trasladado el texto ya en mayo a la institución, cuando ocupaba el cargo Enrique Múgica. Según María Luisa Cava, la ley debía recurrirse tras la sentencia del Constitucional del Estatuto que suprimió el carácter “preferente” del catalán en la Administración y en los medios de comunicación públicos.

http://avui.elpunt.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/209198-els-immigrants-defensen-la-llei-dacollida.html

Decenas de miles de personas salieron ayer a la calle en las ciudades más importantes de Francia para protestar contra la nueva política de expulsión de gitanos desarrollada por el Gobierno del presidente Nicolas Sarkozy. La manifestación más numerosa se celebró en París, donde unas 50.000 personas, según la organización, y 12.000, según la policía, secundaron las protestas contra la política “xenófoba” oficial.

El gobierno francés expulsó en agosto a varios cientos de personas de etnia gitana a Rumanía y Bulgaria, sus países de origen. Varios Estados de la Unión Europea y la Iglesia Católica expresaron su preocupación y consideraron que este tipo de política viola los derechos comunitarios de la libre circulación y de la no discriminación.

Las marchas estaban convocadas por un centenar de organizaciones sociales, que recibieron el apoyo de sindicatos y partidos de izquierda. Una delegación de los manifestantes compuesta por cantantes, escritores y cineastas fue recibida por representantes del Ministerio de Inmigración en la sede de este departamento. La reunión no sirvió para hacer recapacitar al Gobierno presidido por Nicolas Sarkozy si hay que atenerse a las declaraciones de Richard Moyon, portavoz de Red para la Educación sin Fronteras, que la calificó como “un diálogo de sordos”.

La manifestación en la capital gala estuvo encabezada simbólicamente por las familias gitanas del campamento de Choisy-le-Roi, uno de los asentamientos desmantelados por las autoridades a mediados de agosto.

Otras 130 manifestaciones y actos de protesta se celebraron en distintas ciudades de Francia, como en Burdeos, donde unos 3.500 manifestantes se encargaron de inaugurar la jornada de protesta por la mañana. La marcha estaba encabezada por una gran pancarta que llevaba el lema “Alto al racismo. Libertad, igualdad, fraternidad en peligro“.

Las marchas se repitieron en Montpellier (entre 500 y 1.000 manifestantes), Perpiñán (entre 400 y 800 personas) o Toulouse (entre 1.000 y 3.000), donde se coreó el lema Arvernos -gentilicio del departamento donde se enclava la ciudad-, magrebíes, somos todos ciudadanos.

También se registraron manifestaciones por este motivo en grandes urbes europeas, como Roma, Bruselas, Madrid o Barcelona.

La opinion coruña

Hace ya algunas semanas, el periodista Quini Candela escribió un artículo sobre las denegaciones a las inscripciones en el registro civil de los matrimonios mixtos que se celebraban en República Dominicana. No obstante, y como es un tema que no queda obsoleto, os dejamos el artículo publicado por la edición digital de El Nuevo Diario:

Con la Instrucción en la mano de 2006 –no hay otra posterior- sobre Matrimonios de Complacencia, es muy difícil denegar la inscripción de un matrimonio mixto, si el encargado de registro tiene la voluntad de ser equitativo, que sin duda es el espíritu de la misma- y muy fácil hacerlo si el interés es negar la inscripción, porque siempre hay un resquicio para que se puedan cometer tropelías.

Hasta el 31 de julio, se cometieron muchas y todavía los españoles involucrados están sufriendo las consecuencias de una actitud que tienen muy poca explicación. Antes de entrar en casos concretos de los que tengo abundante documentación, quiero referirme al último aspecto que me quedaba por comentar de la referida Instrucción.

Dice: «Los datos o hechos relativos al matrimonio que no afectan al conocimiento personal mutuo de los contrayentes, ni a la existencia de relaciones previas entre los contrayentes, no son relevantes para inferir de los mismos, aisladamente, la existencia de un matrimonio simulado, sin perjuicio de que en concurrencia con las circunstancias antes enumeradas pueda coadyuvar a formar la convicción del Encargado en sentido positivo o negativo respecto de la existencia de verdadera voluntad matrimonial». De nuevo el autor de la Instrucción en función de legislador, marca el ámbito de actuación de encargado del registro Civil: Sólo en el desconocimiento de datos básicos de la pareja y en la no existencia de relaciones previas entre los contrayentes, puede dar lugar a considerar otros aspectos del cuestionario. Obviamente no se estaba haciendo así.

Continúa: «Aunque tampoco puede proporcionarse una «lista cerrada» de hechos por sí solos no relevantes, sí pueden enumerarse los más frecuentes de entre ellos:

1.º El hecho de que el contrayente extranjero resida en España sin la documentación exigida por la legislación de extranjería. De este dato no se puede inferir, automáticamente, la intención simulatoria de los contrayentes en la celebración del matrimonio, como ya ha sido declarado en varias ocasiones por este Centro Directivo.

2.º El hecho de que los contrayentes no convivan juntos o nunca hayan convivido juntos cuando existan circunstancias que lo impidan, como la imposibilidad de viajar por razones legales o económicas.

3.º El hecho de que un contrayente no aporte bienes o recurso económicos al matrimonio, mientras que sea el otro contrayente el que aporte el cien por cien de tales recursos, pues en sí mismo, este dato nada dice de una posible intención simulatoria de los contrayentes o de la autenticidad del consentimiento matrimonial.

4.º El hecho de que los contrayentes se hayan conocido pocos meses o semanas antes del enlace tampoco dice nada, en sí mismo, sobre la intención simulatoria de los contrayentes. Es diferente el caso de que los cónyuges hayan contraído matrimonio sin haberse conocido de forma personal previamente, es decir, cuando se conocen el mismo día o pocos días antes de la fecha en la que contraen matrimonio.

5.º El hecho de que exista una diferencia significativa de edad entre los contrayentes tampoco dice nada por sí sólo acerca de la autenticidad y realidad del consentimiento matrimonial, por lo que es un dato que no puede utilizarse, de ningún modo, para inferir nada al respecto, salvo que concurra con otras circunstancias, ya enumeradas, de desconocimiento o falta de relación personal».

Por si no lo hubiera dicho veces a lo largo de la Instrucción, lo repite para quede claro: Sólo en el caso que falte la relación personal con las salvedades hechas o desconocimiento de datos básicos, el registrador puede entrar a valorar situaciones como las descritas.

El redactor de la Instrucción no pudo prever la interpretación restrictiva y lesiva para los intereses de los españoles que contraen matrimonios mixtos, porque el texto está claro y la tramitación del expediente tenía que ser sencillísimo y rápido. De ahí que no se establecieran plazos para que los encargados del Registro Civil consular, tuvieran la diligencia que el caso merece. Es la parte negativa de la Instrucción por la que se están colando desmanes por doquier.

Jorge Javier Ríos Merino es un español de Asturias, que tuvo la feliz ocurrencia de contraer matrimonio con una chica dominicana de San Francisco de Macorís de nombre Dulce Ventura, al que como tantos otros le negaron la inscripción del matrimonio en el Consulado de la República Dominicana. Presentó ante la Dirección General de los Registros y del Notariado el correspondiente recurso el 8 de abril. De este departamento ministerial le informan que solicitaron al Consulado el 18 de mayo el informe del expediente. O sea, lo que en un juicio civil se entendería por la sentencia, que obviamente no fue entregada a los interesados, más allá de un impreso denegatorio tipo. Tres meses largos después de la solicitud de la DGRN, el informe no llegó y ni siquiera se sabe cuándo lo hará.

El dinámico Jorge Javier se dirigió, obviamente, al Consulado interesándose por la situación. En la misma fecha (1 de septiembre) recibe el siguiente correo:

Estimado Sr Ríos. Su expediente se está tramitando siguiendo el procedimiento y respetando el orden de entrada del mismo. La solicitud de expediente entró en este Consulado el 2 de junio de 2010 y está pendiente de elaborar el informe que solicita la DGRN. Este Consulado lamenta no poder ser más preciso. Debido a la sobrecarga de trabajo es imposible dar fechas concretas. Atentamente, Registro Civil. Consulado General de España En Santo Domingo.

Han pasado cinco meses desde que Jorge Javier presentó el recurso –el plazo es de 30 días naturales- y el Registro Civil Consular no sabe cuándo podrá remitir el informe que sirvió para la rechazar la inscripción del matrimonio. ¿Cómo se puede llevar a cabo un acto tan serio sin un informe redactado, ponderado y motivado? Estamos hablando de seres humanos no de ganado, de los cuales uno de la pareja es ciudadano español. La Dirección General de Asuntos y Asistencia Consular tiene que conocer estos hechos, porque es la responsable de todo lo que ocurre en el Consulado de la República Dominicana. Han pasado seis meses desde que se desestimó la inscripción y no se sabe cuándo se mandará el informe porque no hay fecha prevista para dar curso al recurso. Es la completa indefensión. Nadie está autorizado a flagelar a las personas de esa manera. Hace más de un año de la boda (3 de agosto de 2009), están separados por un océano, y para seguir. No es de recibo.

Enric Sopena es director de El Plural y ha publicado un interesantísimo artículo a raiz de los gravísimos acontecimientos que se están sucediendo en Francia en relación a la expulsión de ciudadanos Rumanos y Búlgaros.

¡Ser inmigrante no significa ser delincuente, demagogos!

Ya sabemos que el virus de la xenofobia ha cruzado los Pirineos. Alberto Fernández Díaz, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, declaraba ayer en la SER su coincidencia con Nicolás Sarkozy, presidente de la República francesa, respecto a la conveniencia de expulsar a los gitanos rumanos. Fernández Díaz pretende desmantelar los campamentos de gitanos que hay en Cataluña. También advirtió que los gitanos rumanos pueden adentrarse en Barcelona. “Cuanto antes tomemos medidas para evitar que se produzca este efecto traslado y para desalojar los campamentos que ya son irregulares en nuestra ciudad, mejor”, sostuvo el dirigente popular.

Preciso es recordar, en todo caso, que mucho antes de que Sarkozy tratara de superar su grave crisis política a costa de los inmigrantes de etnia gitana y nacionalidad rumana, el PP catalán había dado ya numerosas muestras de racismo. Uno de los principales activistas que pueden ser calificados de xenófobos es Xavier García Albiol, otro jefe de zona del Partido Popular, que en el pasado mes de abril volvió a la carga contra los gitanos rumanos.

Propaganda xenófoba
García Albiol intenta ser elegido alcalde de Badalona por el PP y aprovecha cualquier oportunidad para lanzar mensajes en los que se mezcla la delincuencia o la seguridad ciudadana con la inmigración ilegal o la de los llamados sin papeles. Por supuesto, no olvida su “no” rotundo a la construcción de una mezquita en su ciudad, la tercera de Cataluña. Salió a la calle hace unos meses, acompañado de Alicia Sánchez Camacho, la presidenta del PP en Cataluña, repartiendo propaganda con contenidos xenófobos. Sánchez Camacho miraba para otro lado y se lavó las manos. Pero no recriminó públicamente el comportamiento de tintes racistas de García Albiol.

El discurso del miedo
Formalmente, el PP es antirracista y antixenófobo. Pero en la práctica azuza con frecuencia posturas políticas -o simplemente sociales- que tienden a utilizar la inmigración como un peligro para los ciudadanos españoles. Ese discurso circula fundamentalmente por los caminos de la demagogia, pero obtiene excelentes réditos electorales. Ese discurso sí es el del miedo. Lo más fácil es convertir a los más débiles –que por lo general son los inmigrantes- en los culpables de algunos de los males que nos afligen.

También fuimos inmigrantes
Los que lo divulgan omiten que, durante muchas décadas, los españoles también fuimos inmigrantes. En el interior de España eran gentes surgidas de las regiones más pobres que se refugiaban en las regiones más ricas. De puertas afuera, el proceso era bastante similar. Salían de la España de la miseria y buscaban trabajo en otros países más desarrollados. ¡Ser pobre, ser inmigrante, no significa ser un delincuente, demagogos!

El PP aboga por limitar el flujo de inmigrantes y priorizar a «los que comparten con nosotros cultura y valores».

El PP quiere que el debate sobre la inmigración tenga protagonismo en esta precampaña y quiere, además, hablar claro. «Muchos lo pensamos, sólo algunos lo decidimos» es el lema de una campaña que los populares lanzarán en breve mediante la distribución de miles de dípticos. El PP se propone demostrar que comparte muchas ideas con la mayoría de ciudadanos sobre la gestión de la inmigración. De ahí que haya optado por proponer un test de 10 preguntas con las que intenta evidenciar que su política sobre extranjería está llena de sentido común.

«¿Cabemos todos?», se pregunta en el folleto. «Tenemos que adaptar la inmigración a la realidad de nuestra economía y mercado laboral. ¿No crees que Cataluña y España no pueden absorber más inmigrantes de manera ilimitada», dice el folleto. A partir de esta fórmula, los populares exponen sus planteamientos en inmigración. Abogan por cumplir la ley, por integrar en base a derechos y deberes, por priorizar «la inmigración que comparte con nosotros nuestras normas de convivencia» (derechos de la mujer) y por reforzar la seguridad expulsando a los extranjeros que delinquen sistemáticamente.

El PP también apuesta por que ni El Prat, ni los Pirineos sean la puerta de entrada de la inmigración irregular en Europa y, por tanto, por aumentar el control de las fronteras españolas.

También por regular el uso de prendas como el burka y del niqab para evitar problemas de seguridad y combatir el machismo. Asimismo, los populares son partidarios de racionalizar las políticas sociales para que las políticas de integración sean compatibles con el mantenimiento de ayudas y becas a las familias. También lanzan un mensaje de reconocimiento a todos aquellos inmigrantes que han trabajado duro y pagan sus impuestos. Y, finalmente, abogan por apuntalar impedir «que nadie demonice la exigencia del cumplimiento de la ley, de la condena del efecto llamada o del control de las fronteras».

A lo largo de esta legislatura, la inmigración ha estado en el centro de la polémica por decisiones como la varios municipios que optaron por no empadronar a los «sin papeles».

Fuente: larazón

Parainmigrantes.info te explica que NO es posible solicitar autorización de residencia por arraigo social en el caso de que el ciudadano extranjero no acredite la estancia continuada en España de al menos tres años anteriores a la solicitud.

Ahora puedes hacer una consulta con Vicente Marín, Abogado, a un coste de 1,18 €/min desde teléfono fijo o 1,53 €/min desde teléfono móvil llamando al 807 502 019. Este servicio es para mayores de 18 años y están incluidos los impuestos.

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