He leido este artículo esta mañana y sin duda, resume en gran medida, la actual situación migratoria española. Parece claro que España necesita trabajadores cualificados pero el actual procedimiento no facilita esta contratación. No obstante, incluso para trabajos donde no es necesaria una cualificación especial, los empleadores se las ven y desean para conseguir mano de obra para sus empresas (por ejemplo en la construcción o agricultura). No solamente es encesaria una reforma de los procedimientos para agilizar la contratación de trabajadores, también es necesario realizar un control de esos contratos para evitar el fraude y medidas laborales concretas que garanticen la estabilidad laboral (empieza a subior el paro en la población inmigrante). ¿quién tiene la solución? ¿cúal es la solución?

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La inmigración navega entre éxitos económicos y fracasos políticos

inmigrantes en el sector de la construcción      La llegada de inmigrantes ha impulsado el crecimiento del PIB nacional. Sin embargo, su escasa cualificación conlleva riesgos y no favorece la competitividad.

Manuel Llamas / Expansión.

La masiva llegada de inmigrantes que ha vivido España a lo largo de los últimos años produce ciertos efectos que, al igual que una moneda, tienen su cara y su cruz. La polémica sobre la política migratoria nacional resurgió el pasado domingo cuando el primer ministro francés, François Fillon, afirmó en una entrevista que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lamentaba “amargamente” la regularización de inmigrantes efectuada en 2005. Un proceso extraordinario por el que casi 600.000 sin papeles lograron legalizar su situación.

Zapatero desmintió ayer tales declaraciones, al señalar que dicho proceso fue “necesario, conveniente y positivo”. “Nadie puede trabajar en la ilegalidad”, y “cuando llegamos al Gobierno había 700.000 inmigrantes” en esta situación, aclaró. Dos años y medio después de la polémica regularización, algo más de 670.000 inmigrantes trabajan nuevamente en la economía sumergida, a la vista de la diferencia entre los extranjeros ocupados –2,6 millones, a finales de 2006– y las altas en Seguridad Social –1,93 millones–.

En la actualidad, cerca de 4,5 millones de extranjeros residen en territorio español –el 10% de la población total–. A un ritmo de entrada próximo a los 600.000 al año, su número podría duplicarse a corto plazo –España fue el primer receptor de inmigrantes de Europa y el segundo del mundo, tras EEUU, en 2006–. Sin embargo, el 98% de los que tienen un permiso de residencia han entrado ilegalmente.

Pero, más allá de la eficacia real de dicha regularización, la inmigración ha tenido efectos positivos para la economía nacional. Así, según el Ejecutivo, la llegada de extranjeros explica más del 50% del crecimiento del PIB en el último lustro. Además, su aportación a las cuentas públicas se cifra en 23.400 millones de euros –6,6% de la recaudación total–.

La UE, incluso, señala que España precisará entre cuatro y siete millones de inmigrantes más hasta 2020 para mantener el actual ritmo de crecimiento económico. Pero dicho proceso no está exento de riesgos. Sobre todo si el ciclo económico cambia. No por casualidad, los españoles sitúan la inmigración como uno de los principales problemas del país.

La tasa de temporalidad de los trabajadores extranjeros se eleva al 60% –el doble que la media– y su salario es entre un 30% y un 50% inferior al de los españoles –el sueldo real en España aumentó un 0,3% en 2006, muy por debajo de la media comunitaria–. El actual modelo migratorio fomenta una mano de obra intensiva que, debido a su escasa cualificación, se concentra en sectores como la construcción y los servicios, muy vulnerables en caso de recesión o estancamiento económico.

Burocracia
De hecho, el mercado inmobiliario español vive momentos de desaceleración. Y es que, el pago a los inmigrantes en paro supone ya cerca de 1.000 millones de euros al año –ver este diario del pasado lunes–, y sigue en aumento. Algunas regiones han reclamado al Estado una mayor financiación para sufragar el creciente gasto público que conlleva la absorción de este colectivo.
Mientras, los empresarios apuestan por suprimir el sistema de contingente (o cupo) que establece el Gobierno, con el fin de agilizar la contratación de extranjeros en origen, así como por elevar su cualificación. Y de fondo, la llegada de ilegales a las costas no cesa.

Apostar por un modelo selectivo
La inmigración ha contribuido de un modo esencial al crecimiento económico español de los últimos años. Sin embargo, sus efectos no serán permanentes. La baja productividad de la economía nacional –cercana al 1%–, precisa una revisión del actual modelo migratorio, con el objetivo de atraer una mano de obra más cualificada y, por tanto, generadora de valor añadido, según advierten los empresarios.

Sin embargo, la normativa sobre extranjería dificulta, en gran medida, dicha contratación debido a la pesada burocracia que impone el Gobierno. Mientras, España se ha convertido en un exportador neto de cerebros y en un importador de trabajadores no cualificados.